Mediante una sentencia, con fecha del pasado 31 de marzo, el juzgado entiende que el acuerdo del grupo municipal impugnado “cumple el principio de legalidad al que están sometidas todas las administraciones públicas”.
“Desde un punto de vista formal, fue dictado por el órgano competente para eso, de acuerdo con el principio de la mayoría de los integrantes del grupo, de conformidad con un procedimiento contradictorio, en el que se confirió trámite de alegaciones e, igualmente, se notificó fidedignamente al demandante”, precisa.
En ese sentido, entiende que el “acuerdo respeta el ordenamiento jurídico” y no aprecia “contravención alguna” ni tampoco “desviación de poder”. Por eso, desestima el recurso contencioso-administrativo y le imponen las costas del proceso al demandante.
