El BNG pedirá a la corporación provincial un pronunciamiento rotundo contra la intención del gobierno central de establecer peajes en las autovías de titularidad estatal. El grupo provincial presentará en el próximo pleno una moción para frenar la imposición de esta “medida regresiva”, recogida entre las propuestas que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos trasladó a la Comisión Europea para liberar fondos para el Estado español
El BNG considera que se trata de un “repago” que “limita el acceso la unos servicios básicos como son las infraestructuras” y “supone un atranco para la cohesión social y el desarrollo económico de Galicia, además de incrementar la inseguridad viaria”.
El portavoz provincial del BNG, Efrén Castro, señaló que “el pago de peajes que pretende imponer el gobierno español es de una medida antisocial, que perjudica a las personas trabajadoras y que supondrá también un sobrecosto para las actividades productivas que dependan del transporte de mercancías” Se trata, añadió, “de una propuesta abiertamente neoliberal, que condiciona el uso de un servicio básico como son las infraestructuras a quién pueda pagarlas” y advirtió que “derivar la circulación a carreteras secundarias tendría también un coste en seguridad vial”
Desde la formación nacionalista señalan además que, en el caso de la provincia de Lugo, el argumento de fomentar el transporte público es “un recochineo” al vecindario, que no dispone de ninguna alternativa digna al transporte por carretera ya que, recuerdan, “las conexiones ferroviarias de media distancia están desmanteladas y las de alta velocidad en la lista de promesas incumplidas de los gobiernos del Estado con Galicia”
“En la moción que presentaremos al próximo pleno, pedimos un pronunciamiento rotundo de la corporación provincial contra esta medida y su traslado al gobierno español y nominadamente al Ministerio de Transportes”, concluyó Efrén Castro.
La moción en el pleno provincial se encuadra en la batería de iniciativas y medidas que el BNG presentará en todas las instituciones en las que tiene representación, desde los ayuntamientos hasta el Congreso, para frenar la imposición de los nuevos gravámenes.
