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Denuncian el ataque injustificado del Gobierno central al marisqueo en Galicia

Por 22 Maio, 2021Sin comentarios

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, mantuvo un encuentro con representantes de las cofradías de pescadores y de las asociaciones de marisqueo de Galicia para informarlos del recurso presentado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para derogar el Plan General de Explotación Marisquera para el período 2021-2023. La titular de Mar lamentó que se trata de uno nuevo ataque injustificado del Gobierno central a Galicia y a su complejo mar-industria que incide directamente en la labor de las mariscadoras y mariscadores.

La representante de la Xunta explicó a los responsables del sector que salió en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se hace público este recurso contencioso-administrativo con el Ejecutivo estatal con el objetivo de que las personas interesadas puedan comparecer como parte en el proceso.

Rosa Quintana indicó que el Ministerio de Transición Ecológica argumenta que el Plan General de Explotación Marisquera 2021-2023 requiere de un informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de la Costa y el Mar para el otorgamiento de zonas de explotación marisquera, en régimen de autorización o concesión. No obstante, Galicia ya aclaró en la respuesta al requerimiento previo a la presentación del recurso que la orden por la que se aprueba el plan no otorga zonas de explotación marisquera, ni en régimen de autorización ni de concesión, por lo que no es necesario el informe sobre la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

La conselleira del Mar incidió además en que el plan para los años 2021-2023 sigue la línea de los planes anuales aprobados desde el años 90, para los que tampoco se requería ese informe y que en ningún momento fueron recurridos por el Gobierno central.

La Xunta lamenta que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ponga en entredicho y ataque un sistema de gestión consensuado con los profesionales del sector y que ha demostrado su eficacia para regular la actividad marisquera de manera ordenada, sostenible y respetuosa con el medio ambiente desde hace décadas. La ausencia de esta regulación complicaría el desarrollo normal de la actividad.

La titular de Mar aseguró que el recurso del Gobierno central no tiene justificación y que supone jugar con el futuro y poner en riesgo a actividad de las más de 3.700 personas que se dedican al marisqueo a pie en Galicia -de las que más del 74% son mujeres- y de las alrededor de 5.000 personas que trabajan en el marisqueo desde embarcación.

Además, añadió, supone tirar por tierra meses de trabajo de las cofradías y asociaciones marisqueras del sector que participaron en el diseño y elaboración de los 94 planes de gestión vigentes actualmente e incluidos en el Plan General de Explotación Marisquera 2021-2023. Por eso, Galicia defenderá hasta las últimas instancias los intereses del sector y un modelo de gestión de los recursos con décadas de historia y basado en la cogestión de los recursos que ha demostrado su eficacia.

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico expone que con fecha 31 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Orden de 21 de diciembre de 2020 por la que se aprueba el Plan General de Explotación marisquera para el trienio 2021-2023, que incluye el conjunto de normas y orientaciones destinadas la regular y programar la conservación y explotación #sostenible de los recursos marisqueros generales 2021-2023.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del MITECO estimó oportuno -en virtud del artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa- solicitar a la Xunta que derogara dicho plan, que había aprobado sin contar con el preceptivo informe del Ministerio, tal y como prevén los artículos 112 de la Ley de espaldas y 30 de la Ley de Pesca de Galicia.

La Xunta rechazó este requerimiento -en escrito de fecha 15 de marzo de 2021- y lo hizo sin fundamento jurídico, a juicio del Ministerio. Por ese motivo se solicitó de la Subdirección General de los Servicios Contenciosos-Abogacía General del Estado la interposición del correspondiente recurso CA (que se autorizó por la Abogacía el 13 de abril).

Como es sabido, las competencias estatales en materia de espaldas se ejercen a menudo en forma de informe preceptivo y vinculante previo a la adopción de resoluciones de competencia de otra Administración –autonómica o local- (plan, ordenación litoral, gestión del DPMT en ciertas CCAA, planificación del marisqueo y la acuicultura, etc). La ausencia de ese informe del titular del espacio demanial (el Estado) es un defecto que no puede pasarse por alto y debe emendarse. La Xunta, que conoce todo el previsto en la legislación, no pidió el informe con carácter previo, ni tampoco emendó su carencia tras requerírsele en ese sentido, por eso se interpuso el recurso contencioso-administrativo.

No hay, pues, injerencia en competencias autonómicas, sino incumplimiento por parte de la Consellería del Mar de los trámites previstos en la legislación autonómica y estatal, mismo tras requerirles expresamente para evitar la impugnación judicial del acto infractor.

La lógica preocupación que se pudo generar en el colectivo de mariscadores no se puede achacar a quién cumple y pide que se cumpla la normativa vigente, sino aparte que claramente incumple y además persiste en eso. Si la Xunta atendiera el requerimiento formal de la DG de espaldas se evitó el recurso contencioso administrativo.

En todo caso, la próxima licitación de la obra de Regeneración Ambiental de la Ría del Burgo, cuya financiación se asume íntegramente por este Ministerio, actuación que, entre otros objetivos, cumplirá lo de saneamiento diera banco marisquero, incrementando su productividad, mejorará las expectativas de colectivo de mariscadores que faenan en ese espacio de la costa gallega.