Carme da Silva insta a Aagesen a no ser cómplice de un modelo energético “depredador” para Galicia
La senadora del BNG, Carme da Silva, utilizó la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta para advertir a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de que la actual planificación del sistema eléctrico “responde a los intereses de las grandes empresas energéticas y no al interés general”. Según señaló, este modelo convierte a Galicia “en un territorio productor de energía para otras zonas del Estado”, sin beneficios y con una elevada afectación ambiental, social y patrimonial.
Da Silva reclamó al Ministerio una planificación eléctrica que respete el territorio, tenga en cuenta los efectos acumulativos y priorice el interés de la ciudadanía y el equilibrio territorial. Subrayó que el debate no está en la necesidad de las renovables, sino en “dónde, cómo y para qué” se instalan, denunciando la coincidencia estratégica entre Xunta, Estado y oligopolio eléctrico.
Recordó que Galicia cuenta con una potencia instalada de 9.591 MW, frente a los 549 MW de Madrid, y advirtió de que serán las gallegas y los gallegos quienes asuman, a través de la factura eléctrica, los costes de las nuevas líneas necesarias para transportar la energía hacia las zonas que consumen pero no producen.
El boom eólico y el caso del megaparque Greco
Da Silva mencionó como ejemplo el megaparque eólico Greco, de 109,2 MW, promovido por el grupo Villar Mir y que afecta a seis municipios: Cerdedo-Cotobade, A Lama, Fornelos de Montes, Covelo, Avión y Beariz. Indicó que, en un radio de 25 kilómetros, ya existen 17 parques operativos con 421 aerogeneradores, una cifra que “supera ampliamente la capacidad real de acogida del territorio”.
Pidió a la ministra “no ser cómplice de un destrozo patrimonial, ambiental y social”, y criticó que la Xunta “modifique cualquier normativa para satisfacer las exigencias de las empresas”.
Almacenamiento hidráulico y el proyecto de Montemaior
La senadora señaló también la apuesta estatal por el almacenamiento hidráulico, que sitúa en Galicia la mitad de la capacidad prevista en el conjunto del Estado: 5 GW. Como ejemplo, citó la subvención de 40 millones de euros aprobada por el IDAE para el proyecto de la central hidráulica reversible de Montemaior, “concedida sin que se conozca públicamente la empresa promotora, la localización, ni exista trámite ambiental o garantía de viabilidad técnica”.
Da Silva reclamó al Gobierno del Estado transparencia inmediata sobre este proyecto y criticó el uso de fondos públicos para actuaciones “opacas y al servicio de intereses privados”.