Dos sentencias del TSXG obligan a la Xunta a modificar la orden de ayudas escolares por discriminación al alumnado con discapacidad
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido dos sentencias que dan la razón a la Federación Down Galicia al considerar que la orden de la Xunta sobre ayudas para libros de texto y material escolar establece una discriminación injustificada contra el alumnado con discapacidad que opta por la educación inclusiva.
En su resolución más reciente, el tribunal reprueba que la normativa dé prioridad a quienes están escolarizados en centros específicos de educación especial o en unidades especiales de centros ordinarios, excluyendo o imponiendo condiciones más restrictivas a quienes estudian en régimen inclusivo. Según el TSXG, esta diferencia de trato vulnera el artículo 14 de la Constitución Española y el derecho fundamental a la educación inclusiva.
Down Galicia lamenta que, a pesar de una primera sentencia firme desde octubre de 2024, la Consellería de Educación no haya modificado la orden vigente para el curso 2024/2025, y espera que en esta ocasión sí cumpla la ley antes de publicar la convocatoria de ayudas para el curso 2025/2026.
Derecho a la igualdad y a la inclusión
La Federación Down Galicia lleva desde 2014 reivindicando que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo reciba un trato igualitario, independientemente del tipo de escolarización o del grado de discapacidad. La entidad denuncia que actualmente solo perciben la cuantía máxima aquellos con discapacidad igual o superior al 65% o escolarizados en centros específicos, mientras que el resto debe acreditar ingresos y recibe ayudas inferiores.
El abogado Juan Rodríguez Zapatero, experto en derecho administrativo y defensor del recurso, destaca que la sentencia rechaza que el grado de discapacidad pueda justificar diferencias en el acceso a estas ayudas, ya que “no guarda relación con las necesidades educativas reales del alumnado”.
Desde la federación exigen a la Xunta que rectifique y modifique ya la normativa para garantizar que “todos los alumnos y alumnas con discapacidad sean tratados con equidad y que la educación inclusiva se refleje también en las ayudas escolares”.