El BNG alerta de la inviabilidad de la concesión de agua a Altri por el bajo nivel de Portodemouros y la sequía

Luís Bará advierte que la autorización de Augas de Galicia para la macrocelulosa en A Ulloa supondría un atentado a los intereses del país y denuncia una “operación de borrado de pruebas” en la Sociedade Impulsa.
Luis Bara
12 Aug 2025

El viceportavoz del BNG y diputado responsable de Medio Ambiente, Luís Bará, advirtió que la concesión de Augas de Galicia a la que aspira Altri para instalar su macrocelulosa en A Ulloa es “inviable e incompatible” con la normativa vigente, el estado del embalse de Portodemouros y el río Ulla. La empresa prevé captar 46 millones de litros y verter 30 millones al día durante 75 años.

Bará señaló que, según datos recientes, el embalse está al 39 % de su capacidad, frente al 52 % del año pasado y al 71 % de la media de la última década. Además de la sequía y la reducción de precipitaciones, apuntó al incremento del turbinado de Naturgy como una de las causas del bajo nivel de agua.

El nacionalista recordó que el Plan Hidrológico Galicia Costa establece que el abastecimiento a la población es prioritario, seguido de usos para la transición justa, ambientales, agropecuarios y, en último lugar, industriales como el que pretende Altri. Criticó que la Xunta del PP esté “haciendo un traje a medida” para la empresa, amparándose en un acuerdo secreto firmado en 2021 a través de la Sociedade Impulsa, cuyo contenido se niega a hacer público.

El BNG considera que la disolución de esta sociedad confirma la existencia de un documento con condiciones pactadas que condiciona la actuación del Gobierno gallego. Bará denunció similitudes con el “método Montoro”, consistente en cambiar leyes y cesar cargos para favorecer intereses privados, recordando el cese del director general de Calidad Ambiental en 2024 y nuevos nombramientos en Augas de Galicia.

El diputado avanzó que reclamarán toda la documentación de la Sociedade Impulsa relacionada con Altri y la creación de una copia de seguridad, advirtiendo de una posible destrucción de pruebas mediante “trituradoras de papel y borrado de discos duros” para ocultar actuaciones irregulares.

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