El BNG denuncia que el PP está desmantelando la dependencia como servicio público para favorecer el negocio privado
La diputada y responsable de Política Social del BNG, Olalla Rodil, denunció este miércoles en la Comisión 5ª del Parlamento gallego que el PP está desmantelando la dependencia como servicio público, aplicando una política “asistencialista y privatizadora” que “precariza, individualiza y devuelve los cuidados a los hogares y, sobre todo, a las mujeres”.
“El PP está desmontando el servicio público y profesional para sustituirlo por asistencialismo o privatización, devolviendo los cuidados a las mujeres —que representan el 82% de las personas cuidadoras— y engordando el negocio privado con la necesidad de la gente”, afirmó.
Rodil advirtió que entre enero y septiembre de 2025, el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) perdió 3.432 usuarios y los centros de día otros 991, mientras que las ayudas asistencialistas aumentaron en más de 10.400. “Hablamos de ayudas por cuidado que no alcanzan los 400 euros, menos de la mitad del salario mínimo, y que no garantizan derechos”, subrayó.
La diputada reprochó al PP que hable de libertad de elección: “¿Qué libertad es esa en la que tienes que elegir entre 400 míseros euros o una lista de espera?”, preguntó, denunciando el colapso del SAF y la falta de opciones reales para las familias.
Rodil señaló también que el Gobierno de Rueda ha recortado 17 millones de euros del presupuesto del SAF en solo dos meses —5 millones en mayo y 12 millones en junio—, lo que sitúa al servicio “al borde del colapso por falta de financiación”, como denuncian numerosos ayuntamientos.
Además, alertó de que por primera vez en Galicia hay más personas dependientes pagando una residencia privada que ocupando una plaza pública o concertada. Más de 7.700 personas reciben el Bono Residencia, una ayuda de entre 361 y 420 euros mensuales, para cubrir plazas privadas cuyo coste medio supera los 2.000 euros al mes.
Frente a este modelo, el BNG defiende una red pública fuerte de servicios sociales, al mismo nivel que la sanidad o la educación. “El Gobierno de Rueda debe decidir si quiere seguir desmantelando el sistema o apostar por blindar los derechos de las personas mayores y dependientes de Galicia”, concluyó Rodil.