El BNG denuncia que el PP incumple reiteradamente las normativas europeas de medio ambiente

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, denunció en Cabanas el “incumplimiento reiterado” de las normativas europeas de medio ambiente por parte del PP y avanzó la presentación de iniciativas en el Parlamento Europeo para abordar distintos problemas ambientales en la comarca del Eume.
La jornada comenzó con un encuentro con el grupo municipal del BNG en Cabanas, encabezado por Iago Varela, y con el diputado Xosé Manuel Golpe. Posteriormente, Miranda visitó el depósito de áridos asfálticos de Vilar do Colo, donde se acumulan más de 290.000 toneladas de residuos procedentes de los Países Bajos en una parcela forestal del Monte dos Cocidos, en las inmediaciones del río Baa.
Según explicó, la inacción prolongada de la Xunta provocó filtraciones contaminantes hacia acuíferos y captaciones de agua, afectando también a la ría de Ferrol. “Estamos ante un caso muy grave de pasividad ambiental que no puede continuar”, advirtió, asegurando que volverá a llevar el asunto a las instituciones europeas para exigir la retirada de los residuos y la recuperación ambiental de la zona.
La visita continuó en el Pinar de A Madalena, donde la eurodiputada conoció el proyecto de conservación financiado con fondos europeos de Transición Justa, con una inversión de 498.872 euros. El BNG trasladó su preocupación por actuaciones que consideran lesivas para el ecosistema, como cortas no programadas, talas para la construcción de un aparcamiento o el depósito de arena sin tratamiento previo.
Durante el encuentro con la vecindad, Miranda mostró su apoyo al movimiento social en defensa del pinar y subrayó que los fondos europeos deben destinarse a la protección y recuperación del territorio.
La jornada finalizó con un encuentro con representantes de las asociaciones de propietarias de las Fragas do Eume, donde se abordaron problemas estructurales en la gestión del parque natural. Miranda avanzó la presentación de una pregunta parlamentaria para trasladar la situación a las instituciones europeas e impulsar un Plan de Usos que compatibilice la conservación ambiental con los derechos de las personas propietarias.