El BNG denuncia que la infrafinanciación del SAF asfixia a los concellos, precariza el empleo y agrava el colapso del servicio
La diputada del Bloque Nacionalista Galego, Olalla Rodil, denunció la infrafinanciación crónica del Servicio de Atención a la Familia (SAF) por parte de la Xunta de Galicia y del Estado, una situación que —advirtió— está asfixiando económicamente a los concellos, precarizando el empleo de las trabajadoras y agravando los problemas estructurales del servicio.
Rodil criticó con dureza la propuesta de financiación presentada, que prevé alcanzar los 18 euros por hora en 2028. “Es casi un insulto”, afirmó, teniendo en cuenta que el coste real del servicio ya supera ampliamente esa cantidad. Según explicó, en muchos municipios el precio de la hora ordinaria se sitúa entre los 23 y los 25 euros, alcanzando cifras aún mayores en domingos y festivos.
Como ejemplo, citó el caso de O Porriño, donde el coste es de 23,79 euros por hora; Láncara, con 24 euros; o Vila de Cruces, con 23,31 euros la hora ordinaria, que se elevan hasta los 26,81 euros en días festivos. “Que Xunta y Estado pretendan pagar 18 euros por hora dentro de dos años no cubre ni de lejos el coste real del servicio”, subrayó, recordando además que la Ley de Dependencia establece que la financiación debe ser asumida al 100 % por las administraciones autonómica y estatal.
La diputada del BNG alertó de que este déficit de inversión mantiene al SAF “al borde del colapso”, con listas de espera “inadmisibles” en toda Galicia y con una precariedad laboral que calificó de “insoportable”. Según indicó, las trabajadoras llevan años reclamando un nuevo convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales y aumente salarios que actualmente están por debajo del salario mínimo interprofesional.
Rodil puso también el foco en la seguridad de las empleadas del servicio, recordando el asesinato de la trabajadora Teresa de Jesús en O Porriño el pasado mes de julio, mientras atendía a una persona dependiente. “Teresa había advertido de la situación tanto a la empresa como al concello”, recordó, añadiendo que tras el crimen todas las administraciones se comprometieron a aplicar protocolos de prevención de la violencia. “¿Cómo se van a garantizar esas medidas de seguridad con esta financiación?”, cuestionó, señalando la falta de compromiso real del Gobierno gallego.
La diputada concluyó reiterando la postura del BNG: la financiación del SAF debe ser asumida por la Xunta y el Estado tal y como marca la ley y ajustarse al coste real del servicio. “Es la única manera de garantizar la viabilidad del SAF, la dignidad laboral de las profesionales y el derecho de las personas dependientes a una atención de calidad”, concluyó.