El BNG lleva al Congreso la exigencia de transferir Meirás a Galicia

Néstor Rego reclama al Gobierno central que dé un nuevo paso tras el aval del Supremo a la titularidad pública del Pazo y que combata en los tribunales la posible indemnización a la familia Franco, mientras defiende un modelo de gestión vinculado a la memoria democrática y a la sociedad gallega
Néstor prego congreso
19 Mar 2026

El BNG quiere abrir una nueva etapa en el futuro del Pazo de Meirás. El diputado en el Congreso Néstor Rego ha anunciado el registro de iniciativas en las Cortes para reclamar al Gobierno del Estado la transferencia del inmueble a Galicia, una vez que el Tribunal Supremo confirmó de forma definitiva la titularidad pública de la propiedad. Para la formación nacionalista, el siguiente paso debe ser garantizar que el recinto quede ligado a la memoria histórica y democrática y que su gestión responda a los intereses de la sociedad gallega.

En su ofensiva política, Rego sostiene que no basta con que Meirás haya regresado al ámbito público, sino que es necesario definir un uso coherente con el significado histórico del lugar, marcado por el expolio y la represión franquista. El diputado defiende que esa nueva fase debe contar con la participación de las entidades memorialistas y de la ciudadanía gallega, a las que atribuye un papel decisivo en la recuperación del pazo.

El pronunciamiento del BNG llega después de que el Supremo desestimase todos los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ratificase que el Pazo de Meirás pertenece al Estado. El alto tribunal, sin embargo, también mantuvo el derecho de los herederos de Franco a ser indemnizados por los gastos 'necesarios y útiles' realizados durante el tiempo en que poseyeron el inmueble, al entender que no actuaron como poseedores de mala fe dentro del procedimiento.

Ese es precisamente el punto que el Bloque considera más lesivo. Rego califica de injusto que la familia Franco pueda recibir una compensación económica y reclama al Ejecutivo central que dé la batalla judicial para evitarlo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya avanzó que la Abogacía del Estado se personará para oponerse a esa indemnización, que en algunas estimaciones se sitúa en torno a 800.000 euros o incluso cerca del millón, una cantidad que deberá concretar un juzgado de A Coruña en la ejecución de la sentencia.

Además, el diputado nacionalista volvió a poner el foco sobre el papel del PP y de Alberto Núñez Feijóo, a quien responsabiliza de haber avalado en su día un informe de la Xunta que asumía la buena fe de los descendientes del dictador. Esa tesis, según distintas informaciones publicadas tras el fallo, acabó siendo determinante para consolidar el derecho a reclamar una compensación.

Con la propiedad ya ratificada en manos públicas, el debate se desplaza ahora hacia el futuro político y simbólico de Meirás. El BNG insiste en que el pazo debe quedar definitivamente al servicio del pueblo gallego y convertirse en un espacio de referencia para la memoria democrática, mientras el Gobierno central, por ahora, ha comprometido la defensa del interés público y la apertura al público del recinto, pero sin asumir todavía la transferencia a Galicia.

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