El BNG pide reconocer legalmente a las comunidades de montes como comunidades energéticas de pleno derecho
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, llevará a debate y votación en la Comisión de Transición Ecológica una iniciativa para que el Gobierno reconozca jurídicamente a las comunidades de montes vecinales en mano común como comunidades energéticas de pleno derecho, según establece la Ley 24/2013. A proposta será debatida el próximo 19 de noviembre.
Rego consideró que este cambio normativo es “imprescindible” para eliminar las trabas que hoy impiden que estas comunidades —una figura jurídica histórica y propia de Galicia— puedan acceder a subvenciones, promover sus propios proyectos y participar activamente en la transición energética: “El rural gallego no puede quedar fuera de un proceso que debe democratizar la energía y favorecer el desarrollo local”.
Un modelo distribuido y socializado
El diputado alertó de que la falta de regulación específica sobre comunidades energéticas está dejando fuera a las comunidades de montes, impidiéndoles incluso optar a ayudas públicas. Señaló que la situación actual obriga a un modelo dominado polo “oligopolio eléctrico”, que xera grandes beneficios para unos pocos en detrimento de la mayoría social.
Rego defiende avanzar cara a un modelo distribuido y de proximidad, en el que las comunidades de montes puedan convertirse en “actores centrales” de la producción de energías renovables, generando riqueza y servicios para aldeas y parroquias.
Un potencial enorme: 650.000 hectáreas
El BNG recuerda que el monte vecinal representa alrededor del 20% del territorio gallego, con más de 650.000 hectáreas gestionadas por unas 3.000 comunidades. Un potencial que, según Rego, puede transformar el desarrollo económico del rural.
Por eso, pide al Gobierno del Estado que desarrolle una regulación específica para comunidades energéticas de base ciudadana y que reconozca explícitamente a las comunidades de montes como tales “sin obligarlas a recurrir a formas asociativas ajenas a su realidad”.
Rego concluyó que la transición energética debe ser una oportunidad para crear empleo, fijar población y garantizar un modelo energético más justo, y que el Estado “tiene la obligación de facilitar, no de impedir”.