El BNG rechaza el nuevo acuerdo entre la UE y Marruecos y pide negociar con el Frente Polisario sobre los recursos del Sáhara Occidental
La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, expresó el rechazo del Bloque al nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, que pretende extender el trato arancelario preferencial al Sáhara Occidental. La representante gallega recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el año pasado los acuerdos anteriores de pesca y productos agrícolas, al considerar que no contaban con el consentimiento del pueblo saharaui.
Miranda explicó que este nuevo pacto, que aún debe ser debatido por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, “se sitúa fuera de la legalidad europea e internacional”, ya que ignora las consideraciones expresadas por el TJUE. “El tribunal fue claro: los acuerdos deben ser negociados con los legítimos dueños de las aguas y de los recursos del Sáhara Occidental, es decir, con el Pueblo Saharaui”, afirmó la eurodiputada durante un encuentro con representantes del Frente Polisario y otros eurodiputados de diferentes grupos políticos celebrado en Estrasburgo.
La eurodiputada recordó además que la sentencia del TJUE de 2024 reconoció oficialmente al Frente Polisario como el representante legítimo del Pueblo Saharaui, y advirtió que “es imprescindible cumplir la legalidad internacional”. Considera “inadmisible” que la Unión Europea “solo tenga en cuenta los intereses de Marruecos” y defendió que “deben existir acuerdos, pero con el Frente Polisario”.
El TJUE también confirmó que el consentimiento del pueblo saharaui es condición indispensable para la validez de cualquier acuerdo relativo al Sáhara Occidental, y reconoció el derecho del Frente Polisario a emprender acciones legales ante los tribunales de la UE para proteger los derechos soberanos sobre el territorio y los recursos naturales. Ya en 2016, el tribunal europeo había determinado que el Sáhara Occidental es un territorio distinto del Reino de Marruecos, por lo que cualquier pacto requiere el consentimiento explícito de su pueblo.
Según la Comisión Europea, el nuevo acuerdo establece que las pruebas de origen y el etiquetado de los productos indiquen la región de producción, garantizando ventajas a los beneficiarios del territorio, algo que el BNG considera insuficiente y contrario al derecho internacional.