El Bono Coidado no Fogar de la Xunta beneficia ya a más de 38.400 personas tras dos años en vigor
El Bono Coidado no Fogar impulsado por la Xunta de Galicia beneficia ya a 38.438 personas en situación de dependencia, cuando se cumplen dos años desde su implantación. Según los datos del Ejecutivo autonómico, el número de personas dependientes atendidas en su entorno familiar se ha más que duplicado desde la puesta en marcha de esta medida.
De cara a 2026, la Xunta continuará reforzando esta prestación con un presupuesto de 179 millones de euros, lo que supone un incremento del 52 % con respecto al ejercicio anterior. El Bono Coidado no Fogar consiste en una ayuda directa de 5.000 euros anuales para las personas dependientes que son cuidadas en su domicilio por un familiar o por una persona de su confianza, independientemente de su grado de dependencia o nivel de renta.
A lo largo de este año está prevista la incorporación de nuevos beneficiarios, con el objetivo de seguir consolidando un programa que, según destaca el Gobierno gallego, responde a la preferencia mayoritaria de la ciudadanía de permanecer en su entorno habitual para recibir cuidados.
En la actualidad, Galicia cuenta con más de 92.500 personas dependientes atendidas, lo que sitúa a la comunidad con una ratio de cobertura del 99,5 %, una de las más altas de España y seis puntos por encima de la media nacional. El objetivo marcado por la Xunta para 2026 es superar las 100.000 personas atendidas.
Falta de apoyo del Gobierno central
Para alcanzar este objetivo, la Xunta destinará en 2026 845 millones de euros a la atención a la dependencia y a la mejora de los servicios sociosanitarios, un 17 % más que en 2025. Desde el Ejecutivo autonómico se reclama un mayor compromiso por parte del Gobierno de España, que, según denuncia, sigue sin asumir el 50 % de la financiación de los servicios de dependencia al que está obligado por ley.
Esta situación de infrafinanciación provocará que en 2026 la deuda acumulada del Estado con Galicia en esta materia alcance los 2.900 millones de euros, mientras sí se compromete a cubrir ese nivel de financiación en otras comunidades, como el País Vasco.