El Grupo Socialista denuncia que la Xunta mantiene ocultos 13 contratos a dedo
El Grupo Parlamentario Socialista denunció que la Xunta de Galicia mantiene ocultos un total de 13 contratos adjudicados a dedo al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, investigado penalmente por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
La diputada socialista Patricia Iglesias señaló que estos contratos fueron firmados entre los años 2009 y 2011, durante la etapa de presidencia de Alberto Núñez Feijóo, por un importe global de 172.838 euros, sin que hasta el momento la Xunta haya facilitado información completa, ordenada y verificable sobre su contenido, utilidad real o justificación administrativa.
Iglesias explicó que, tras acceder el pasado 12 de septiembre a los expedientes de contratación, el Grupo Socialista detectó hechos de especial gravedad institucional, como la existencia de informes en forma de simples borradores, sin firma ni fecha, documentos sin identificación de autoría y materiales de carácter genérico que se limitan a reproducir normativa fiscal estatal, sin adaptación a las competencias propias de la Comunidad Autónoma.
Entre la documentación revisada figura también un archivo en formato PowerPoint relativo a la fusión de las cajas gallegas, sin conclusiones técnicas ni recomendaciones finales, que fue utilizado como soporte político para una de las decisiones económicas más trascendentes de la historia reciente de Galicia.
Ese mismo día, el Grupo Socialista solicitó formalmente copia íntegra de todos los contratos menores adjudicados a Equipo Económico, así como de los informes finales asociados a cada uno de ellos. A día de hoy, esa documentación no ha sido remitida, incumpliendo —según denuncian— los principios de transparencia, colaboración parlamentaria y control democrático de la acción del Gobierno.
La iniciativa registrada en el Parlamento de Galicia insta a la Xunta a entregar de forma inmediata toda la documentación pendiente, a explicar los criterios seguidos para la adjudicación reiterada de contratos a un mismo despacho y a revisar los procedimientos internos de contratación, especialmente en el ámbito de los contratos menores, para reforzar los mecanismos de control y fiscalización.