El Grupo Socialista pide a la Xunta poner en marcha un Banco Público de Alquiler que garantice precios justos y confianza entre propietarios e inquilinos

El PSdeG reclama a la Xunta la creación de un Banco Público de Alquiler que garantice precios asequibles y confianza entre propietarios e inquilinos.
Aitor Bouzas
22 Oct 2025

El portavoz de Vivienda del Grupo Socialista, Aitor Bouza, reclamó hoy a la Xunta de Galicia la puesta en marcha del Banco Público de Alquiler, una propuesta presentada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, destinada a promover precios de alquiler asequibles y ofrecer garantías tanto a propietarios como a inquilinos.

Bouza, que defenderá mañana en el Parlamento una proposición no de ley sobre esta cuestión, criticó los “16 años de desinterés en materia de vivienda pública” del Gobierno autonómico, recordando que el Ejecutivo presidido por Emilio Pérez Touriño construyó más de 7.000 viviendas entre 2005 y 2009, frente al ritmo actual.

Según denunció, la Xunta dejó sin ejecutar el 70 % de los fondos de vivienda en 2024 y sigue el mismo camino este año, con un 95 % de los recursos aún sin gastar. Desde 2009, añadió, se acumulan 270 millones de euros presupuestados y no invertidos, algo que calificó de “incomprensible” cuando “la vivienda es uno de los principales problemas sociales de Galicia”.

Bouza censuró además que la Xunta haya rechazado 380 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda, impulsado por el Gobierno central, que permitiría construir más de 4.000 viviendas protegidas en Galicia, “la mayor apuesta pública en 40 años”.

El diputado socialista advirtió que 22.680 familias están inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública, mientras medio millón de viviendas vacías siguen sin uso, según datos del INE. “El mercado no se autorregula cuando hay desigualdad: especula, y la Xunta lo consiente”, afirmó.

El Banco Público de Alquiler, explicó, debe servir para incrementar la oferta de vivienda a precios asumibles, proteger los derechos de los inquilinos y aportar seguridad a los propietarios. Incluiría garantías frente a impagos y posibles daños, y fijaría precios máximos equivalentes al 30 % de la renta media disponible, con contratos de larga duración.

Bouza pidió también campañas de información para fomentar que las personas propietarias de viviendas vacías se incorporen al programa y ayuden a “dar hogar a miles de gallegos y gallegas que hoy no pueden acceder a una vivienda digna”.

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