El personal de cuidados exige condiciones laborales dignas en Santiago
El personal de residencias privadas, centros de día, servicio de ayuda en el hogar, atención a la discapacidad, protección de menores, reforma juvenil y educación infantil 0-3 se movilizó este sábado en Santiago de Compostela en una manifestación convocada por la CIG para exigir condiciones laborales dignas y convenios que acaben con la precariedad de sectores altamente feminizados.
La marcha salió de la Alameda y finalizó en la Praza de Praterías, donde se leyeron manifiestos denunciando la falta de reconocimiento económico, la enorme responsabilidad social del trabajo realizado y la “desidia” de la Consellería de Política Social ante las demandas laborales y la necesidad de garantizar unos cuidados de calidad.
Uno de los principales problemas señalados es el bloqueo de la negociación colectiva. El convenio de residencias privadas y centros de día está caducado desde 2023; el del SAF no se actualiza desde 2012; y en otros sectores se mantienen convenios estatales que la CIG califica de “precarios”. El sindicato insiste en la necesidad de establecer marcos gallegos de negociación.
“Salarios miserables y jornadas interminables”
Las trabajadoras de residencias y SAF denunciaron “salarios miserables, jornadas interminables, contratos precarios y convenios caducados”. Acusaron a la conselleira Fabiola García de criminalizar al personal por exigir condiciones dignas y recordaron que, meses después del asesinato de una compañera en el SAF do Porriño, no existe un protocolo eficaz de protección.
Reivindicaron ratios adecuadas, más medios y tiempos reales para prestar cuidados de calidad. Reclaman un giro radical frente a la “política mercantilista y privatizadora” de la Xunta, y apuestan por un sistema público gallego de atención a las personas que priorice derechos frente al beneficio empresarial.
En vísperas del 25N, denunciaron un modelo que califican de “explotación institucionalizada”, que recae especialmente sobre sectores feminizados y precarizados. “Las únicas acosadas por el sistema del PP somos nosotras”, afirmaron.
“No somos guarderías: somos escuelas”
El personal de escuelas infantiles denunció la precariedad labrada por el convenio estatal y por una gratuidad de la etapa 0-3 “aplicada a bajo coste”. Explicaron que existen tres niveles salariales discriminatorios (A, B y C) y reclamaron salarios acordes a su formación, reducción de jornada y tiempo para preparar actividades. “No somos guarderías: somos escuelas”, subrayaron.
Las trabajadoras de los centros de discapacidad denunciaron salarios que no alcanzan el SMI y complementos absorbidos, y pidieron a las patronales AEDIGAL e INRED que constituyan una Mesa Gallega de Negociación.
En protección de menores y reforma juvenil, donde más del 80% de los centros son de gestión privada, advirtieron de un convenio estatal “precario y desfasado” que genera diferencias de hasta 500-800 euros respecto al personal de centros públicos. Señalaron ratios imposibles, falta de cobertura en bajas, escasez de materiales e instalaciones insuficientes.
La CIG alerta de que el sector está “al borde del colapso”, con saturación de centros, personal exhausto y fuga de profesionales cualificados.