El personal de residencias sigue en pie de guerra: “¡No somos esclavas, somos trabajadoras!”
Pontevedra, 28 de febrero de 2025. El personal de las residencias privadas de mayores continúa su lucha por unas condiciones laborales dignas. Esta tarde, una nueva manifestación convocada por CIG-Servizos recorrió las calles de Pontevedra bajo el lema "¡No somos esclavas, somos trabajadoras!", exigiendo mejoras reales en el convenio colectivo del sector.
La marcha partió a las 18:30 horas de la residencia DomusVi, en la calle Loureiro Crespo, y concluyó en la residencia Saraiva, en la calle Don Gonzalo, donde se leyó un manifiesto con las principales reivindicaciones del personal. Además, se anunció la convocatoria de una asamblea nacional de delegadas y delegados del sector, que se celebrará el próximo 7 de marzo en el edificio Cersia de Santiago a las 10:30 horas, con el objetivo de definir las próximas acciones para mejorar las condiciones laborales.
La principal demanda del colectivo es un convenio colectivo digno, después de que en la última reunión de la mesa negociadora, en octubre, la patronal presentara una propuesta que dejaba al personal sin complemento en caso de baja, no incluía reducción de jornada ni mejoras sociales y fijaba salarios por debajo del SMI entre 2024 y 2027.
Precariedad laboral y responsabilidad institucional
Desde CIG-Servizos denuncian que esta propuesta busca profundizar en la precariedad de un sector altamente feminizado, con salarios bajos, jornadas parciales, cargas de trabajo excesivas y exposición a riesgos laborales. "Las patronales del sector buscan hacer negocio a costa de las trabajadoras, con la complicidad de CCOO y UGT y la pasividad de la Xunta del PP", señalaron.
La central sindical también critica que el actual convenio, firmado por CCOO y UGT, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 7,8% para el personal. Además, denuncian el modelo de atención impuesto por la Xunta, donde casi la mitad de las plazas privadas están financiadas con dinero público, beneficiando especialmente a DomusVi y la Fundación San Rosendo, que reciben dos de cada tres plazas concertadas.
Por este motivo, CIG-Servizos insta a la Xunta a intervenir de forma inmediata en el sector y avanzar hacia un modelo público de cuidados que garantice los derechos de las trabajadoras y una atención digna a las personas usuarias.