El Pleno de la Diputación de Lugo destina 5,1 millones de euros a la red de residencias hasta 2026
El Pleno de la Diputación de Lugo aprobó este martes la ampliación de la vigencia de los convenios de la red provincial de residencias hasta junio de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la estabilidad en la atención a las personas mayores de la provincia.
La medida, que contó con los votos a favor del PSdeG y del BNG y con la abstención del PP, supone una inversión de más de 5,1 millones de euros destinados a asegurar el funcionamiento de los nueve centros que conforman la red provincial: Castroverde, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribadeo, Ribas de Sil, Trabada y Meira.
El diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, explicó que esta segunda adenda “permite mantener la estabilidad de las prestaciones asistenciales y planificar el gasto con previsión, sin modificar las condiciones esenciales acordadas en el año 2018”.
Rivera destacó que el acuerdo da margen para renovar el marco jurídico del modelo provincial de Centros de Atención a Mayores, previsto para el próximo año, sin afectar a las personas usuarias ni a los ayuntamientos. “Hablamos de garantizar el funcionamiento de nueve residencias que representan seguridad para las familias, empleo en el rural y, sobre todo, dignidad para las personas mayores”, subrayó.
El diputado criticó además la falta de compromiso de la Xunta de Galicia, asegurando que “a pesar de ser la administración competente, su política de residencias en la provincia de Lugo es inexistente, sin un solo proyecto nuevo en marcha a pesar del sobreenvejecimiento de la población”.
El modelo asistencial de la Diputación es 100% público y sin ánimo de lucro, con una apuesta por la atención personalizada y el bienestar de las personas mayores. Según destacó la institución provincial, este sistema no busca rentabilidad económica, sino mejorar la calidad de vida de los usuarios, generando más de 225 empleos directos y beneficiando a más de 300 vecinos y vecinas.
Propuestas socialistas
En la misma sesión, el Pleno aprobó una propuesta para instar a la Xunta de Galicia a saldar la deuda de 600 millones de euros que mantiene con los ayuntamientos por asumir competencias impropias.
El presidente de la Diputación, José Tomé Roca, denunció que la Xunta tiene “congelado el Fondo de Cooperación Local desde 2010” y que lo reparte “con criterios partidistas”. Según explicó, los presupuestos autonómicos de 2026 destinan 187 millones de euros a este fondo, lo que supone “apenas 600.000 euros por ayuntamiento, una cifra ridícula si se compara con los recursos de la Administración gallega, que maneja un presupuesto cien veces mayor que el de la Diputación”.
La portavoz socialista, Pilar García Porto, recordó que la cifra de la deuda fue calculada por la FEGAMP y criticó que los ayuntamientos están asumiendo servicios que corresponden a la Xunta, como el Servicio de Ayuda en el Hogar o la gratuidad de las escuelas infantiles municipales.
El texto aprobado reclama que los presupuestos de la Xunta para 2026 incrementen el Fondo de Cooperación Local, incorporen partidas específicas para garantizar la prestación de servicios en el rural en igualdad con el ámbito urbano y se acerquen a los 500 millones de euros que el propio presidente Rueda había estimado como necesarios.
El Pleno aprobó también, por unanimidad, una moción socialista para exigir que la Escuela Universitaria de Enfermería de Lugo mantenga su carácter de centro autonómico en caso de integrarse en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).
El presidente Tomé defendió que “la Escuela no puede ser una sucursal de otra facultad; tiene entidad y capacidad suficiente para mantener su independencia”. Por su parte, García Porto destacó que el campus de Lugo “es un pilar de desarrollo y una herramienta de futuro que debe crecer con sentido, no disminuir de forma irreflexiva”.
Desde el PP aseguraron que “siempre defenderán la identidad de Enfermería en Lugo” y afirmaron que “la integración en el sistema universitario está consensuada”, criticando que “quienes ponen en duda su continuidad son el PSOE y el BNG”.
Por su parte, el diputado provincial del BNG, Daniel García, reclamó a la Xunta “respuestas claras e inmediatas” ante la falta de información a las explotaciones ganaderas sobre la gestión de la dermatosis nodular, tras las medidas cautelares decretadas por la Consellería do Medio Rural sobre el movimiento de animales. García criticó que “las medidas llegan con tres semanas de retraso desde la detección del primer foco en el Estado” y que “se siga permitiendo el movimiento de animales desde zonas afectadas como Zaragoza o Valencia”.
Mociones del PP
El PP presentó una moción para incorporar al proyecto de presupuestos provinciales de 2026 las demandas de los 67 ayuntamientos de la provincia, que fue rechazada por los grupos del gobierno.
El portavoz popular, Antonio Ameijide, acusó al presidente Tomé de “seguir instalado en el autoritarismo y en el sectarismo, negándose a escuchar a los ayuntamientos que no son de su color político”.
El grupo popular propuso incrementar en 10 millones de euros el Plan Diputación, al considerar que es “el sistema de reparto más justo”, y criticó que el Gobierno provincial “reparte de forma discrecional más de 10,5 millones en convenios con los ayuntamientos afines”.
Entre sus reclamaciones incluyeron también un plan de conservación de la red viaria provincial, la puesta en marcha de centros de atención a mayores ya finalizados o pendientes de apertura, así como una mayor colaboración económica con los ayuntamientos en la prestación de servicios básicos como el ciclo del agua, la recogida de animales abandonados y el impulso de los polígonos industriales y sectores productivos.