El PP de Lugo reclama al Gobierno central el pago de la deuda con el SAF
Alcaldes, diputados y senadores del Partido Popular en la provincia de Lugo, encabezados por Elena Candia, se concentraron este lunes ante la sede de la Diputación para exigir al Gobierno central el abono de los 2.500 millones de euros que adeuda a los ayuntamientos gallegos para la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF).
El PP denuncia que el Ejecutivo no está cumpliendo con su obligación legal, lo que está suponiendo un sobreesfuerzo económico para los ayuntamientos, que deben cubrir esos gastos en un contexto en el que el número de usuarios del SAF se ha multiplicado por ocho en los últimos años.
Ante esta situación, los populares impulsarán diversas acciones reivindicativas. Este martes, los diputados provinciales defenderán una iniciativa en el pleno de la Diputación para reclamar que el Estado cumpla con el compromiso de financiar el 50 % de la atención a la dependencia. Del mismo modo, el Grupo Municipal del PP llevará la misma reclamación al pleno del Ayuntamiento de Lugo este jueves.
La portavoz popular, Elena Candia, lamentó que el Gobierno local de Lugo no dé prioridad al SAF, destinándole los mismos recursos que ayuntamientos de 15.000 habitantes, cuando Lugo cuenta con 100.000 vecinos. Subrayó que los ayuntamientos necesitan que el Estado cumpla con la Ley de Dependencia, ya que muchos no pueden hacer frente a estos costes sin los fondos que les corresponden.
Por su parte, Antonio Ameijide, portavoz del PP en la Diputación, advirtió que el Estado está incumpliendo su obligación legal y que, mientras no pague lo que debe, la atención a los dependientes no será la que les corresponde por derecho, pese a los esfuerzos de la Xunta y de las administraciones locales. Destacó que en los últimos años el número de personas dependientes ha pasado de 15.000 a 77.000, las plazas en residencias se han triplicado, los centros de día se han multiplicado por seis y el SAF ha pasado de 3.000 a 24.000 usuarios.
El alcalde de Castro de Rei y diputado provincial, Francisco Balado, advirtió que esta situación está ahogando económicamente a los ayuntamientos y obligando a la Xunta a desviar fondos de otros servicios sociales para compensar el impago del Estado. "Esto no es una cuestión de ideología, sino de cumplir la ley", afirmó.
Además, los populares denuncian que el Gobierno central ha reducido las aportaciones comprometidas para la dependencia, incrementando la deuda con Galicia en 12,3 millones de euros solo por las cuantías mínimas. El nuevo decreto estatal obligó a reformular la normativa autonómica sin prever financiación suficiente, generando un sobrecoste anual de 80 millones de euros para Galicia. El PP critica que el Ejecutivo tomó estas decisiones sin consultar con los ayuntamientos sobre su capacidad para asumir este incremento de servicios.
La Xunta se ha visto obligada a aumentar los complementos autonómicos para evitar que los usuarios gallegos tuvieran que pagar más por los mismos servicios. Ante esta situación, los populares urgen al Gobierno a saldar la deuda y garantizar una financiación justa para la atención a la dependencia en Galicia.