El PSdeG acusa a la dirección de la CSAG-CRTVG de vulnerar derechos fundamentales del personal de “Defende A Galega”
El Grupo Parlamentario Socialista acusó a la dirección de la CSAG -antigua CRTVG- de vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras que participan en el movimiento “Defende A Galega”.
La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta trasladó esta denuncia en la Comisión de Control del Parlamento tras conocerse una nueva sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ratifica la vulneración de derechos de una trabajadora y obliga a su readmisión, además de reconocer una indemnización por daños morales.
Dacosta exigió a la directora general del ente público que “asuma responsabilidades” y criticó que su respuesta sea “mirar hacia otro lado” en lugar de analizar la situación e introducir cambios. “Lo mínimo que se espera es voluntad de corrección, no negación ni continuidad”, afirmó.
Según explicó, el tribunal confirmó que la trabajadora fue represaliada al ser trasladada de su puesto tras participar en el movimiento de protesta contra la manipulación informativa en los medios públicos. Este colectivo reclama, entre otras cuestiones, independencia profesional, pluralismo informativo y el cumplimiento de la Ley de Medios Públicos.
La parlamentaria socialista advirtió de que esta sentencia no es un caso aislado, sino que responde, a su juicio, a un “modus operandi escandaloso, indignante e ilegal”.
En este sentido, recordó que la dirección del ente acumula “cientos de procedimientos laborales perdidos” en los últimos años, en el contexto de un conflicto laboral que incluye más de 400 “viernes negros” de movilización por parte de los profesionales.
Dacosta señaló que la CRTVG está acumulando sentencias relacionadas con despidos improcedentes, irregularidades en la contratación y vulneración de derechos fundamentales, lo que considera incompatible con el funcionamiento de un medio público.
Por último, advirtió de que no se pueden adoptar decisiones que impliquen represalias contra la actividad reivindicativa, sindical o judicial de las personas trabajadoras, ya que ello vulnera principios básicos del ámbito laboral y democrático.