El PSdeG acusa a Rueda de engañar a las familias con la deducción del material escolar
El PSdeG acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de generar falsas expectativas entre las familias gallegas al anunciar una deducción por el material escolar sin aclarar una condición clave que ahora deja fuera a parte de los hogares: que los gastos abonados en efectivo no son válidos para desgravar, incluso cuando se dispone de factura.
El diputado socialista Aitor Bouza, responsable del área de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, recordó que fue el propio Gobierno gallego quien anunció que alrededor de 60.000 alumnos y alumnas podrían beneficiarse de esta medida. “A día de hoy no sabemos cuántas de esas familias van a quedar finalmente sin la ayuda por no haberse explicado desde el inicio una condición esencial”, advirtió.
Bouza subrayó que ni en el anuncio público ni en la entrada en vigor de la deducción se informó de que el pago en efectivo quedaba excluido, una limitación que solo se incorporó meses después, al desarrollar la medida en los presupuestos de 2026. “No se puede anunciar una ayuda y concretar las condiciones cuando ya ha pasado el curso y las compras están hechas”, señaló.
El diputado socialista destacó que muchas familias actuaron de buena fe, solicitaron factura —tal y como se les indicó— y pagaron en efectivo porque es una práctica habitual, especialmente en el rural o en hogares con menos recursos. “Ahora la Xunta les dice que quedan fuera, no por incumplir, sino por no haber sido informadas”, añadió.
Desde el PSdeG consideran que el Gobierno gallego no puede escudarse ahora en argumentos legales cuando falló en su obligación de informar con claridad. “Si esta condición se hubiese explicado en verano, muchas familias habrían tomado otras decisiones. No hacerlo tuvo consecuencias, y esas consecuencias las están pagando las familias”, afirmó Bouza.
El Grupo Socialista anunció que llevará este asunto al Parlamento de Galicia para exigir explicaciones al Ejecutivo gallego y reclamar que la Xunta adopte las medidas legales o normativas necesarias para corregir los efectos perjudiciales derivados de la falta de información, garantizando que ninguna familia quede excluida por una deficiente comunicación institucional.