El PSdeG acusa al PP de “cambiar derechos por bonos” en la atención a mayores y alerta del cierre de cinco residencias en cinco años
La portavoz de Política Social del PSdeG, Silvia Longueira, acusó al PP de “cambiar derechos por bonos” en la atención a las personas mayores, sustituyendo —según afirmó— el derecho a una atención pública de calidad por un modelo centrado en la bonificación permanente.
Longueira realizó estas declaraciones en el debate de una interpelación en el Pleno del Parlamento de Galicia, donde criticó la “total falta de planificación” de la Consellería de Asuntos Sociales, que —a su juicio— ha convertido a Galicia en la cuarta comunidad autónoma con mayor déficit de plazas en residencias.
Según explicó, Galicia cuenta con un déficit de 11.509 plazas para cumplir la ratio recomendada por la OMS de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años, en una comunidad con más de 700.000 personas en ese tramo de edad. Asimismo, advirtió que en los próximos años aumentará el número de personas que accederán al sistema público de Dependencia.
La diputada denunció también la dependencia del Gobierno gallego de iniciativas privadas, en referencia a las residencias construidas por Amancio Ortega, y criticó que la gestión privada convierta este ámbito en un “negocio en expansión” a costa de las condiciones laborales del personal.
En este contexto, recordó que en los últimos cinco años las inspecciones han provocado el cierre de cinco residencias por negligencias e incumplimientos, y alertó de diversas irregularidades en la gestión, incluyendo la atención a personas con problemas de salud mental sin el personal sanitario adecuado.
Longueira reclamó a la conselleira que impulse y apruebe el Plan estratégico de servicios sociales, reactive el Consello Galego de Benestar Social y mantenga una relación fluida con colegios profesionales, sindicatos y el tercer sector.
Finalmente, ironizó con la situación política al afirmar que mientras Alberto Núñez Feijóo “no es presidente porque no quiere”, en Galicia el presidente, Alfonso Rueda, “quiere gobernar donde no gobierna”, en alusión a la regulación autonómica en materia de dependencia y discapacidad, que ha derivado en un recurso ante el Tribunal Constitucional.