El PSdeG propone crear un Observatorio de la Muerte Digna tras el aumento histórico de los testamentos vitales en Galicia
El PSdeG registró en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas para mejorar el conocimiento, el acceso y la aplicación efectiva de la prestación de ayuda para morir, entre las que destaca la propuesta de crear un Observatorio de la Muerte Digna en Galicia.
La iniciativa, presentada por la diputada socialista Elena Espinosa, parte de un dato que refleja un profundo cambio en la conciencia social: en 2025 se registraron en Galicia 6.049 documentos de instrucciones previas o testamentos vitales, más del doble que el año anterior. Para el PSdeG, se trata de un incremento sin precedentes que no puede explicarse únicamente por factores administrativos o demográficos.
Los socialistas vinculan este crecimiento con una mayor visibilidad social del derecho a una muerte digna, impulsada tanto por el trabajo de entidades de la sociedad civil como por el impacto de casos personales que abrieron un debate público necesario. En este contexto sitúan el de la activista viguesa Laura Fernández Abalde, integrante de DMD Galicia, cuya historia contribuyó a romper silencios en torno al final de la vida.
La propuesta recoge también las conclusiones de los informes del Ministerio de Sanidad y de la propia Xunta de Galicia, que coinciden en advertir de que la prestación de ayuda para morir sigue siendo insuficientemente conocida por la ciudadanía, pese a los avances en los plazos de resolución.
En este marco, el PSdeG defiende la creación de un Observatorio de la Muerte Digna como herramienta pública para evaluar la aplicación de la ley, detectar posibles desigualdades territoriales, reforzar la formación del personal sanitario e impulsar acciones informativas dirigidas a la ciudadanía.
Para Elena Espinosa, “no basta con que un derecho exista: tiene que ser conocido, accesible y ejercitable en condiciones de igualdad en todo el territorio”. La diputada socialista advierte de que una aplicación mínima de la ley no responde al cambio social en marcha y subraya que “cuando miles de gallegas y gallegos dejan por escrito cómo quieren ser tratados al final de su vida, la política tiene la obligación de escuchar”.