El PSdeG urge a la Xunta a presentar el II Plan Galego contra la Trata tras un año de retraso
El Grupo Parlamentario del PSdeG-PSOE urgió a la Xunta de Galicia a presentar cuanto antes el II Plan Galego contra la Trata, que según denunciaron acumula un año de retraso respecto al calendario previsto.
La portavoz de Igualdad del grupo socialista, Paloma Castro, formuló una pregunta oral en la Comisión de Política Social en la que reclamó además que el Gobierno gallego elimine las trabas administrativas en las ayudas destinadas a víctimas de violencia de género, ya que en la práctica están dejando fuera a la mayoría de mujeres víctimas de trata.
Subvenciones congeladas desde 2019
Castro instó al Ejecutivo autonómico a aprobar el nuevo plan “cuanto antes, porque ya van tarde”, y reclamó también incrementar las subvenciones destinadas a las entidades sociales que trabajan en la atención integral a las víctimas.
Según explicó, estas ayudas permanecen congeladas en 450.000 euros desde el año 2019, a pesar de las demandas de las asociaciones que reclaman más recursos para combatir la trata.
La diputada advirtió de que el actual modelo de subvención anual dificulta la estabilidad de las entidades, ya que impide consolidar proyectos y estructuras profesionales que puedan actuar como agentes especializados de forma continuada.
Atención integral y recursos especializados
Entre las propuestas defendidas por el grupo socialista figura integrar el fenómeno de la prostitución dentro del concepto de violencia de género, así como reforzar los recursos específicos de atención a las víctimas.
En este sentido, Castro propuso ampliar los recursos de acogida especializados en salud mental y adicciones destinados a mujeres víctimas de trata o explotación sexual.
Asimismo, reclamó la puesta en marcha de un programa específico de apoyo a las mujeres prostituidas, que incluya itinerarios de atención integral y facilite su inserción sociolaboral.
Traba administrativa en las ayudas
La diputada socialista criticó especialmente la orden de la Xunta del 10 de diciembre de 2025, que regula las ayudas para víctimas de agresión sexual y que, según denunció, excluye en la práctica al 90 % de las víctimas de trata.
El motivo es que la normativa exige que las mujeres extranjeras tengan residencia legal en España, algo que no se corresponde con la realidad de la mayoría de víctimas de estas redes criminales.
Según explicó Castro, estas mujeres suelen encontrarse en situación administrativa irregular y sometidas a redes de explotación que se aprovechan de su vulnerabilidad, de la falta de alternativas y del miedo a la deportación.
Protección independientemente de la situación administrativa
La parlamentaria recordó que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar la protección integral de las víctimas de violencia de género independientemente de su situación administrativa.
En este sentido, advirtió de que la protección de las víctimas no puede quedar condicionada a requisitos burocráticos que, en la práctica, perpetúan su exclusión social y dificultan que puedan iniciar un proceso real de salida de la violencia.