El PSdeG ve “peligrosa e inaceptable” la ampliación a 75 años de las concesiones portuarias
El diputado del PSdeG Carlos López Font calificó este jueves de “peligrosa e inaceptable” la modificación de la Ley de Puertos impulsada por el Gobierno gallego, que amplía hasta 75 años la duración de las concesiones portuarias. Según denunció, el cambio normativo fue introducido “de forma encubierta” en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos de la Xunta para 2025.
Durante su intervención en comisión parlamentaria, López Font advirtió de que no se trata de una cuestión técnica, sino de un “cambio de modelo” que otorga mayor discrecionalidad a la Xunta sin debate sectorial, sin participación pública y sin informes ambientales específicos. “Es un ataque directo al control parlamentario”, afirmó.
El diputado socialista criticó que la reforma carezca de criterios objetivos para conceder prórrogas de hasta 75 años. “Se habla de inversiones importantes y de actividades estratégicas sin definir qué significan esos conceptos. Cuando no hay criterios claros, lo que hay es arbitrariedad”, subrayó.
En este sentido, denunció que “la Xunta decide unilateralmente quién gana y quién pierde, qué concesiones se prorrogan y qué empresa es estratégica”, lo que genera “dos amenazas evidentes: opacidad y favoritismos, además de un posible trato desigual entre concesionarios y usuarios del litoral”.
López Font alertó también de las implicaciones ambientales en un litoral gallego sometido a una fuerte presión. “Ampliar concesiones de uso privativo hasta 75 años en zonas sensibles puede convertirse en una decisión irreversible a escala generacional”, advirtió, señalando además la ausencia de evaluaciones ambientales estratégicas y de mecanismos efectivos de participación ciudadana.
El parlamentario sostuvo que la reforma responde a una política de flexibilización del dominio público marítimo-terrestre, avanzando hacia un “litoral privatizado y fragmentado”. Frente a ello, el PSdeG defendió una política portuaria transparente, participativa y con garantías ambientales, con reglas claras y sometidas al control público. “No a una privatización encubierta del litoral”, concluyó.