Galicia valora positivamente el recurso del Estado contra el veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico
La Xunta de Galicia ha mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la sentencia que avala el veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico Nordeste. La medida fue aprobada por la Comisión Europea mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614, afectando directamente a más de 200 embarcaciones gallegas y de forma indirecta a casi mil de la flota de artes menores.
La conselleira do Mar, Marta Fernández-Tapias, calificó este paso como “un avance muy relevante” porque permitirá a la Xunta participar activamente en el procedimiento como parte interesada. La Administración gallega lleva meses trabajando en coordinación con el sector, tanto a nivel político como jurídico, para defender una modalidad de pesca que consideran “selectiva, sostenible y con impacto ambiental muy limitado sobre los ecosistemas marinos vulnerables”.
La sentencia del pasado mes de junio desestimó los recursos presentados por el Reino de España, la OPP de Burela y dieciséis armadoras con base en Galicia, con la Xunta como coadyuvante. El nuevo recurso de casación del Estado español supone una nueva oportunidad para plantear argumentos de derecho, explican desde la Xunta, y reforzar con datos técnicos la posición del sector.
Desde la OPP de Burela agradecieron públicamente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, su decisión de continuar defendiendo al sector en el ámbito europeo. La organización destacó la intensa colaboración entre el Gobierno central, la Xunta y el propio sector pesquero para argumentar que el reglamento europeo aplicó un único modelo, basado en el arrastre, a todas las artes de pesca, sin tener en cuenta su impacto real ni los estudios socioeconómicos correspondientes.
Desde Burela recuerdan que solo el 32% de las zonas vetadas presentan indicios de contener ecosistemas vulnerables, mientras que el 68% restante fue cerrado por aplicar un modelo generalista sin distinciones. Además, subrayan que organismos como el ICES y el STECF ya habían advertido de la falta de datos y de la necesidad de evaluar cada arte de forma específica.
Tanto desde el Ejecutivo gallego como desde el sector coinciden en que esta vía judicial mantiene vivas las esperanzas de revertir una decisión que consideran “desproporcionada e injusta” para Galicia, y se comprometen a seguir trabajando en una normativa europea más justa y adaptada a la realidad de la flota.