Jubilados y pensionistas de la CIG se movilizan en varias ciudades gallegas en defensa de la sanidad pública
El colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG se concentró esta mañana en centros de salud de A Coruña, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Compostela y Vigo, así como en la puerta principal del HULA en Lugo, para reivindicar la defensa de la sanidad pública y el derecho a una atención sanitaria digna y equitativa para todas las gallegas y gallegos.
Las movilizaciones, que continuarán en los próximos meses, forman parte de la campaña que el colectivo está desarrollando para denunciar lo que califican como desmantelamiento y privatización del sistema sanitario y el impacto que este deterioro planificado tiene, especialmente, sobre las personas mayores.
El colectivo critica la situación que considera insostenible como consecuencia de las políticas aplicadas por el Gobierno del PP en la Xunta, a las que atribuye listas de espera inasumibles, derivaciones recurrentes a la sanidad privada e incluso penalizaciones para quienes optan por mantener su atención en la pública.
Advierten de que, en el caso de las personas mayores de 60 y 65 años, de quienes conviven con enfermedades crónicas y de quienes precisan atención continuada, las demoras no son neutras, ya que agravan las patologías, incrementan la dependencia y, en demasiadas ocasiones, provocan daños irreversibles.
Señalan también las dificultades de acceso a la Atención Primaria, que definen como la puerta de entrada al sistema sanitario, con centros de salud en los que la espera para conseguir cita con el médico o médica de cabecera supera ya los diez o catorce días.
En el ámbito hospitalario, la situación tampoco mejora. El colectivo asegura haber recibido denuncias de personas que aguardaron cinco años por una operación de cataratas, así como de pacientes que llevan meses o años esperando una prueba diagnóstica. Incluso alertan de casos de personas que perdieron la salud de forma irrecuperable mientras permanecían en una lista de espera.
Desde la CIG subrayan que la defensa de la sanidad pública es una cuestión de país, vinculada a la justicia social y a la dignidad, especialmente para quienes dedicaron toda una vida al trabajo. Reivindican que las personas jubiladas y pensionistas no son números ni una carga, sino ciudadanos con plenos derechos.
Por ello, reclaman al Gobierno gallego que ponga fin a lo que denominan política de aniquilación de la sanidad pública, que cese el desvío de recursos hacia la privada y que planifique y dote al sistema público de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una atención sanitaria digna y equitativa.
En el marco de esta campaña, durante el mes de febrero instalaron mesas informativas en las calles de las principales ciudades y villas con el objetivo de recoger quejas y testimonios de personas mayores sobre las dificultades que encuentran para acceder a la atención sanitaria, visibilizar esta realidad y organizar una respuesta social.