La batalla por Meirás se traslada ahora a la indemnización y al futuro uso del Pazo
El caso del Pazo de Meirás ha entrado en una nueva fase. Una vez que el Tribunal Supremo cerró de forma definitiva el litigio sobre la propiedad y confirmó que el inmueble pertenece al Estado, el foco ya no está en quién es el dueño, sino en cómo se ejecutará la sentencia y qué pasos quedan pendientes para poner el recinto plenamente al servicio de la ciudadanía.
El principal frente abierto está ahora en la llamada liquidación posesoria, es decir, en el cálculo económico derivado del tiempo en el que la familia Franco ocupó el Pazo. El Supremo mantiene el criterio de la Audiencia de A Coruña y reconoce a los herederos el derecho a reclamar los gastos 'necesarios y útiles' realizados en el inmueble durante los años en que fueron considerados poseedores de buena fe. Esa cantidad todavía no está fijada y deberá concretarse ahora en la ejecución de la sentencia, en una fase que el Gobierno ya ha avanzado que piensa pelear jurídicamente. En 2020, la defensa de los Franco había llegado a situar esa reclamación en un mínimo de 800.000 euros.
En ese punto encaja la posición que viene defendiendo el Ayuntamiento de Sada. El consistorio recordó estos días que ya había advertido en 2018, a través de un voto particular en la Comisión de Expertos, de la importancia de fundamentar también la demanda en la posesión de mala fe. A su juicio, si esa tesis se hubiese incorporado desde el inicio, la liquidación final podría ser distinta. Por eso, el Ayuntamiento sostiene que seguirá defendiendo que la cuantía que eventualmente se fije sea la más favorable posible para el interés público.
La actualización del caso no termina ahí. Sada reclama que, una vez firme la sentencia, se tramite ya el cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad, que todavía figura a nombre de la familia Franco, para facilitar las actuaciones pendientes. Entre ellas está la apertura completa del inmueble y la activación efectiva del protocolo entre Estado, Xunta y Ayuntamiento para definir un uso estable vinculado a la memoria democrática y también al legado cultural de Emilia Pardo Bazán.
En paralelo, sigue el procedimiento administrativo ligado al futuro simbólico del recinto. El expediente para su declaración como Lugar de Memoria Democrática fue incoado el 19 de agosto de 2025, se publicó en el BOE el 2 de septiembre y entró en información pública el 7 de noviembre de ese mismo año. Así, la situación actual de Meirás puede resumirse en tres ideas: propiedad resuelta, indemnización en disputa y uso futuro todavía por concretar.