La CIG denuncia que el Gobierno español negocia un nuevo acuerdo salarial por la puerta de atrás con las organizaciones estatales
El área pública de la CIG (Administración, Enseñanza y Sanidad) ha denunciado que el Gobierno español está negociando un nuevo acuerdo salarial en la administración pública con los sindicatos estatales, al margen de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, contraviniendo así el marco legal de diálogo con el conjunto de organizaciones representativas.
La reunión tuvo lugar este lunes 24 de marzo con CSIF, CCOO y UGT. Según la CIG, este tipo de acuerdos “por la puerta de atrás” ya han tenido consecuencias muy negativas, como la pérdida de más del 20% del poder adquisitivo y la incapacidad de derogar los recortes impuestos a la administración.
La CIG considera “inaceptable” que se vuelva a negociar sin tener en cuenta sus reivindicaciones. Por ello, reclama una cláusula de garantía salarial anual vinculada al IPC real y un acuerdo salarial plurianual que permita recuperar parte de lo perdido. Su propuesta es un aumento del 5% para 2025, en línea con el incremento en el sector privado.
El sindicato gallego también advierte del aumento de la precariedad en el sector público, especialmente en las administraciones locales, y denuncia que existen trabajadores públicos con salarios por debajo del SMI. Por ello, exige que la Mesa General sea el espacio para abordar esta situación.
Jornada laboral y derechos
En relación con la jornada laboral, la CIG propone reducirla a 35 horas semanales en 2025 y avanzar hacia las 32 horas en 2026, con las adaptaciones necesarias en sectores como la enseñanza. También defiende eliminar la tasa de reposición, crear nuevas plazas, actualizar perfiles laborales y regular el teletrabajo para garantizar empleo público y calidad en el servicio.
Respecto a la jubilación, la CIG rechaza las reformas que buscan retrasarla hasta los 72 años. Reclama recuperar la jubilación parcial a los 61 y la anticipada en el Régimen de Clases Pasivas, además de igualar sus haberes reguladores.
Finalmente, el sindicato propone crear un ámbito de negociación específico para Galicia que promueva el uso del gallego en el acceso y provisión de puestos en la administración pública, incluyendo un complemento salarial por competencia lingüística, “para avanzar hacia una sociedad con plenos derechos lingüísticos”.