La CIG exige derogar la reforma laboral de 2012 y garantizar el cumplimiento de la Carta Social Europea
La CIG ha reclamado al Gobierno español la derogación inmediata de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, y la recuperación de las causas y cuantías de indemnización previas al despido improcedente, en cumplimiento de la Carta Social Europea (CSE).
El secretario general de la CIG, Paulo Carril, anunció además que el sindicato promoverá una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para garantizar el carácter vinculante de las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Carta.
Carril denunció la falta de voluntad política del Ejecutivo tras la apertura de la mesa de diálogo social para revisar el despido “basada en una resolución contundente del CEDS que el Gobierno sigue sin aplicar”. Recordó que la reforma de 2012 supuso “el mayor ataque a los derechos de las personas trabajadoras, al abaratar el despido y facilitar los ERE y ERTE unilaterales”.
La CIG también criticó la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de julio de 2025, que establece que las resoluciones del CEDS no son directamente aplicables. “El Supremo debería velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea, no dejarla sin efecto”, afirmó Carril.
El sindicato recuerda que la CSE es un tratado internacional ratificado por España y publicado en el BOE, por lo que sus resoluciones deben ser ejecutivas y vinculantes, igual que los convenios de la OIT.
Carril denunció además la exclusión de la CIG de la mesa de diálogo del Ministerio de Trabajo, acusando al Gobierno de “falta de respeto a la pluralidad sindical” y recordando que “la CIG es el sindicato mayoritario en Galicia y debe ser escuchado en igualdad de condiciones”.
Ante esta situación, la central promoverá una Proposición de Ley para modificar el artículo 219.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, con el fin de que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales puedan ser invocadas y aplicadas por los tribunales españoles como doctrina jurídica vinculante.