La CIG rechaza el acuerdo de las 35 horas en la Administración del Estado por no garantizar su aplicación
La CIG decidió no firmar el acuerdo sobre la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado al considerar que el documento presentado por el Gobierno español carece de garantías y no consolida este derecho para todo el personal.
Según la central sindical, el acuerdo aprobado en la Mesa General de Negociación con los votos favorables de CSIF, UGT y CCOO, y con los votos en contra de la CIG y ELA, presenta importantes carencias, ya que no concreta su ámbito de aplicación ni blinda jurídicamente la reducción de la jornada.
Desde la CIG recuerdan que la implantación de las 35 horas es una reivindicación histórica del movimiento sindical, pero advierten de que este acuerdo no la transforma en un “derecho real, efectivo y para todo el personal”.
Uno de los principales problemas señalados es la falta de claridad sobre su aplicación. El sindicato denuncia que no se especifica si la medida afectará a todo el personal de la Administración General del Estado, lo que, según indican, puede provocar que determinados colectivos queden fuera.
Además, critican que Función Pública se niegue a blindar esta medida mediante cambios legislativos, ya que no se contempla su inclusión en una ley ni la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), manteniendo la jornada general de 37,5 horas. “Esto implica que el acuerdo queda en manos de una resolución administrativa que puede ser modificada en el futuro”, advierten.
Otro de los aspectos que preocupa a la central sindical es la referencia a las “adaptaciones organizativas necesarias” para garantizar la prestación de los servicios públicos, una fórmula que, según denuncian, puede limitar o impedir la aplicación efectiva de la reducción de jornada.
La CIG también señala la falta de medidas complementarias para hacer viable esta reducción del tiempo de trabajo, como la cobertura de vacantes, la eliminación de la tasa de reposición o el refuerzo de las plantillas. En este sentido, critican que no existan compromisos concretos y que el acuerdo no esté acompañado de los recursos necesarios.
Además, el documento no garantiza una aplicación igualitaria, ya que parte del personal podría continuar con una jornada de 37,5 horas, ni establece plazos claros ni mecanismos de control en caso de incumplimiento.
Por todo ello, la CIG reafirma su posición de no apoyar el acuerdo e insiste en que la jornada de 35 horas debe convertirse en un derecho garantizado para todo el personal de la Administración. “Las 35 horas no pueden ser una promesa ni una medida condicionada”, concluye.