La CIG reclama más personal en la Seguridad Social de Pontevedra y el fin de la cita previa obligatoria
La federación de Administración Pública de la Confederación Intersindical Galega se concentró este miércoles ante la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Pontevedra para reclamar más personal funcionario y garantizar una atención presencial a la ciudadanía.
La movilización sirvió también para exigir la eliminación de la cita previa obligatoria como única vía de acceso a los servicios de la Seguridad Social. El sindicato defiende un modelo de Administración “de puertas abiertas” que permita una atención directa y accesible para todas las personas usuarias.
Durante la protesta, el responsable de Seguridad Social de la CIG, Daniel López, dio lectura a un comunicado en el que denunció que el actual sistema de atención “levanta un muro invisible pero infranqueable” para muchas personas. Según explicó, la cita concertada, que inicialmente se implantó como una medida excepcional, se ha convertido en un mecanismo que dificulta el acceso a la atención pública, especialmente para personas mayores o colectivos vulnerables.
El sindicato también advirtió de las consecuencias que esta situación tiene en servicios especialmente sensibles como la Unidad de Recaudación Ejecutiva, encargada de gestionar embargos por deudas con la Seguridad Social. Según indicaron, muchas personas encuentran dificultades para resolver situaciones urgentes debido a las barreras tecnológicas o a los plazos para conseguir una cita.
Desde la CIG quisieron subrayar que el personal de la Seguridad Social no es responsable de esta situación, sino que también sufre las consecuencias de la falta de recursos. Según señalaron, existen numerosas vacantes sin cubrir, lo que provoca sobrecarga de trabajo y limita la capacidad de ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.
Por ello, la central sindical reclama la cobertura inmediata de todas las plazas vacantes, la eliminación de la cita previa obligatoria y la recuperación de un modelo de atención presencial “directa y humana”.
Finalmente, advirtieron de que no se puede permitir que una parte de la ciudadanía quede excluida de los servicios públicos por no poder utilizar herramientas digitales. “La Seguridad Social es patrimonio de la clase trabajadora y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se desmantela”, concluyeron.