La Diputación de A Coruña eleva la presión sobre la Xunta por la futura ley local y reclama volver atrás en su tramitación
La Diputación de A Coruña aprobó en el pleno ordinario una moción para exigir a la Xunta que retrotraiga la tramitación del Anteproyecto de Ley de Administración Local de Galicia y abra un proceso de participación real con el conjunto de las entidades locales. La iniciativa, defendida por el PSdeG y apoyada por BNG y Alternativa dos Veciños, salió adelante con el voto en contra del PP y convierte una discusión técnica en un conflicto de fondo sobre quién debe decidir cómo se gobiernan los ayuntamientos gallegos.
El debate no gira en torno a una ley menor. El texto que impulsa la Xunta está llamado a sustituir la normativa local vigente desde hace casi tres décadas y pretende ordenar en una sola norma cuestiones centrales de la vida municipal: qué competencias corresponden a los ayuntamientos, cuáles pueden ser delegadas, cómo se organizan los municipios, qué papel deben jugar las diputaciones, qué fórmulas de cooperación pueden establecerse entre administraciones y cómo se articula la hacienda y la financiación local. La propia Xunta presenta el anteproyecto como una reforma integral con la que dice querer modernizar el marco local, simplificar burocracia y adaptar la administración municipal a la realidad tecnológica y demográfica actual.
En esa explicación oficial está una de las claves del choque político. El Gobierno gallego sostiene que la futura norma mejorará la suficiencia financiera de los ayuntamientos con un nuevo sistema de participación en los tributos autonómicos, introduciendo variables como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población. También defiende que la ley dará un tratamiento específico a los municipios afectados por el reto demográfico, reforzará el papel de las diputaciones en la asistencia a los ayuntamientos más pequeños y abrirá nuevas fórmulas de cooperación, como agrupaciones municipales para compartir personal técnico o prestación de servicios. Junto a ello, el texto incorpora medidas ligadas a la administración electrónica, a las sesiones a distancia, al gobierno abierto y a la planificación pública.
Pero es precisamente esa ambición reformadora la que lleva a la Diputación y a otros actores del municipalismo a reclamar más tiempo y más interlocución. El gobierno provincial considera que no se puede remodelar toda la arquitectura local gallega con un plazo de alegaciones que juzga insuficiente y sin una consulta efectiva a los ayuntamientos. La crítica no es solo formal: detrás de ella está la sospecha de que la norma, lejos de reforzar la autonomía municipal, pueda aumentar cargas sin garantizar recursos, condicionar más la acción de los concellos y blindar una visión del territorio diseñada desde la Administración autonómica. Esa fue también una de las ideas defendidas por Bernardo Fernández en el pleno.
Las reservas no proceden únicamente de la Diputación coruñesa. La FEGAMP y otras instituciones advirtieron en las últimas semanas de aspectos sensibles del anteproyecto, entre ellos la falta de más tiempo para estudiar un texto muy amplio, la ausencia de memorias económicas suficientes sobre el coste de las nuevas obligaciones, el riesgo de que se atribuyan competencias sin financiación asegurada y la inclusión de mecanismos que generaron especial recelo, como la regulación de posibles fusiones municipales forzosas en determinados supuestos. También se puso sobre la mesa la crítica de que el texto deja en un segundo plano figuras territoriales reconocibles en Galicia como las parroquias y las comarcas.
La Xunta rechaza esa lectura y afirma que el procedimiento sí fue participativo. La Consellería de Presidencia sostiene que el anteproyecto se sometió al trámite de consulta pública previa dentro del plazo legal y que la FEGAMP pudo participar en el proceso. Además, el Gobierno gallego recuerda que, una vez aprobado como proyecto de ley, la norma seguirá su tramitación parlamentaria y podrá incorporar enmiendas y nuevas aportaciones. Esa es también la posición que sostuvo el PP en el debate de la Diputación, al defender que ya existieron cauces para hacer observaciones y que un texto de este alcance no puede redactarse, en palabras de los populares, 'a 313 manos'.
Lo que revela el acuerdo aprobado por la Diputación es que la batalla por la ley local ya no es solo jurídica ni administrativa, sino claramente política. En el fondo está en discusión qué modelo de municipalismo quiere Galicia: uno en el que los ayuntamientos ganen músculo financiero y herramientas para cooperar, como sostiene la Xunta, u otro en el que esa reforma solo será legítima si nace de una negociación real con los gobiernos locales y con financiación suficiente, como reclaman la institución provincial y buena parte del municipalismo. Esa es la razón por la que una norma aparentemente técnica ha acabado convertida en uno de los nuevos focos de confrontación entre la Xunta y las administraciones locales.