La Diputación exige a la Xunta que retire lanas reformas legislativas sobre la dependencia
La Diputación de Lugo le exigirá a la Xunta de Galicia que retire las reformas en la Ley de Servicios Sociales porque “deterioran la calidad de la atención a la dependencia”. Así se acordó en el Pleno ordinario del mes de febrero celebrado este martes tras una moción de los socialistas que fue aprobada con los votos a favor del PSdeG y del BNG y con los votos en contra del PP.
Avanzó el Presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, antes de la sesión plenaria, que la este Pleno “llevamos cuestiones que preocupan a los ciudadanos, ciudadanos mayores que están intranquilos por el enorme retraso que lleva la Xunta en las solicitudes de dependencia. Y el Gobierno gallego en vez de poner medios para resolver la situación, lo que hace es castigar a los ayuntamientos”. Puso como ejemplo el Servicio de Ayuda en el Hogar, recordando que la Xunta de Galicia pretende sancionar a los municipios que no cubran el SAF en lugar de ayudarlos y señaló que desde lo Ejecutivo autonómico tienen que modificar todo lo que tiene que ver con la asistencia a las personas mayores.
Añadió la portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, que “la mala atención a nuestros mayores está alcanzando trazo de emergencia social” y calificó de “asquerosa” e “injusta” la situación. En ese sentido, explicó que la Xunta acumula retrasos importantes en la valoración de las personas que solicitan la dependencia, pero también retrasa en hacer efectiva la prestación desde el momento en que esta se concede. Unas cifras a las que se suman las más de 1.800 personas reconocidas por el Gobierno gallego que demandan plaza en una residencia.
Detalló la Diputada que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Galicia harían falta 14.600 plazas más de residencias y que las 21.000 disponibles en la comunidad están situadas en un ámbito privado a precios “inasumibles”. Señaló además que la población de la provincia de Lugo tiene ahora mismo cerca de 98.000 personas por encima de los 65 años, pero que en la próxima década esa cifra se incrementará en otras 50.000.
García Porto calificó de “propagandísticas” las medidas que está implementando la Xunta, porque no supone una mejora en la atención a las personas dependientes “lo que supone es apostar por la privatización del sistema, relegar a los expertos con formación en Trabajo Social y no garantizar una valoración adecuada de la discapacidad y de la dependencia”. Y en la línea del que criticó el Presidente, la Diputada recordó que cuando los alcaldes buscan gente para trabajar en el SAF se encuentran con que nadie quiere ir a vivir en las villas por la falta de servicios, “así van cerrando el círculo vicioso y consiguiendo que la práctica totalidad de los núcleos rurales de la provincia hayan perdido entre un 20 y un 25% de la población en las últimas décadas. Luego, eso sí, sancionan a los ayuntamientos que no prestan el Servicio de Ayuda en el Hogar”.
El texto de la moción recoge, en concreto, instar a la Xunta de Galicia la que retire de inmediato los cambios introducidos en la Ley de Servicios Sociales que permiten a personas sin titulación adecuada tramitar e informar a las solicitudes de la Ley de Dependencia; que habilite medidas reales para garantizar la correcta valoración de la Dependencia, la resolución en plazo de las solicitudes y que acorte el plazo de espera entre que se concede la prestación y esta se hace efectiva; que se diseñe un plan de refuerzo del sistema público de Servicios Sociales para dar respuesta tanto a las necesidades actuales de las personas que esperan por una plaza de residencias, como a las situaciones de incremento de demanda que hace previsible el proceso de envejecimiento de la población.
Plan de promoción de vivienda
El Pleno sacó también adelante una moción de los socialistas para pedirle a la Xunta de Galicia que ponga en marcha un plan de promoción de vivienda pública “urgente” que cubra las necesidades en la provincia de Lugo, donde constan 2.252 demandantes. La propuesta salió adelante con los votos a favor del PSdeG y del BNG y con los votos en contra del PP.
Tomé Roca valoraba en este caso que “la gente nueva tiene muchísimos problemas para acceder a una vivienda, pero la promoción de vivienda pública en Galicia ni está ni se le espera. Es más, la Xunta devolvió dinero de promoción pública de vivienda en vez de invertirlo. La iniciativa privada está muy bien, que construya las viviendas que considere, pero quien tiene el deber de facilitar el acceso a la vivienda es la Administración pública, que no está haciendo absolutamente nada”.
García Porto reforzó este argumento con datos durante lo Pleno, señalando que frente las viviendas de promoción pública construidas en Lugo entre los años 2005 y 2009, con el Gobierno progresista de Touriño -3.561, unas 712 al año- en 13 años de Gobierno de Feijoo en la provincia de Lugo se habilitaron 628 viviendas, unas 44 al año. “En los cuatro años del bipartito se levantó en Galicia casi que el triple de vivienda protegida que en los 14 años siguientes de gobierno del PP”, algo que la Diputada achacó al “desinterés”.
Declaraciones institucionales
Aprobadas además por aclamación dos declaraciones institucionales consensuadas con los tres grupos con representación en la sesión plenaria. Una para reivindicar el Día Internacional de la Mujer que se conmemora o próximo 8 de marzo y otra para promover la prevención, la investigación, el diagnóstico precoz y el tratamiento de las enfermedades raras con motivo de la conmemoración, el próximo 28 de febrero, del día mundial de estas dolencias.
No que tiene que ver con la primera declaración, relativa al 8M, el Pleno de la Diputación de Lugo aprobó a una reivindicación de la institución por la igualdad plena y efectiva y los valores del feminismo, esenciales para alcanzar una sociedad justa y mejorar nuestra calidad democrática. En la segunda declaración, la institución reivindica, en lo que tiene que ver con las enfermedades calificadas como “raras” una atención integral, el acceso a los servicios sociales, la inclusión social, y una formación especializada en ámbitos clínicos y sociales.
PETICIONES DEL PARTIDO POPULAR
El PP logró aprobar en el Pleno de la Diputación de Lugo sus dos propuestas para reclamar al Gobierno de Sánchez “corregir el Plan Director del Corredor Atlántico para evitar el aislamiento de la provincia de Lugo garantizando la conexión con el alta velocidad e inversiones en infraestructuras” y “cumplir con su parte de la financiación en materia de dependencia”.
Con los votos a favor de los diputados del Partido Popular y del BNG salía aprobada la iniciativa del Grupo Popular para presentar un nuevo Plan Director del Corredor Atlántico “para que la provincia de Lugo no quede aislada en materia de infraestructuras”. De hecho, el portavoz, Antonio Ameijide, señaló que “pedimos el mismo que para otros territorios”.
Los populares exigen compromisos concretos, cifras detalladas y plazos definidos para la ejecución de obras de mejora de las infraestructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal incluyendo además la conexión real por Alta velocidad de cara a garantizar las comunicaciones, la competitividad y el desarrollo de los ayuntamientos de la provincia de Lugo en igualdad de condiciones a otros territorios.
La reclamación al Gobierno del Estado para que cumpla su deber de cofinanciar el 50% de la dependencia y saldar la deuda acumulada de más de 2.500M€ con Galicia fue aprobada con los votos a favor de los diputados del PP, la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE “que se niega a reclamar a Sánchez lo que está negando a Galicia”, segundo incide el portavoz, Antonio Ameijide.B
Los diputados del Grupo Provincial Popular censuraron el voto en contra del PSOE para exigir al Gobierno de Sánchez garantizar la conexión con el alta velocidad e inversiones en infraestructuras para evitar el aislamiento de la provincia después de analizar el Plan Director para el Corredor Atlántico en Galicia presentado recientemente y en el que “Lugo es la única provincia del entorno que queda fuera del mapa. Quedamos aislados los lucenses, nuestras empresas y nuestros autónomos”.
En ese sentido, se preguntó si los representantes socialistas celebraban en la visita a las obras de la intermodal que Lugo vaya tener la primera intermodal sin trenes, la peor conexión por ferrocarril con las peores frecuencias o que Lugo no vaya a tener alta velocidad y quede fuera del Corredor Atlántico de mercancías.
Y, en materia de carreteras, señaló que “nos planes del Ministerio no está la La-56 para comunicar Ourense con Lugo de forma segura toda vez que la N-540 es un peligro, ni la La-74 en la Mariña ni la La-76 en la zona sur que conectaría Ponferrada con Ourense pasando por Monforte.
PSOE Y BNG CAMBIAN DE CRITERIO SOBRE LA DEPENDENCIA
“El Estado incumple sistemáticamente su deber de financiar al 50% la dependencia y sigue financiando escasamente un 30% que en la actualidad acumula ya una deuda con nuestra comunidad autónoma de más de 2.500 millones de euros”, expuso el diputado Francisco Balado.
Con la reforma de la normativa se constata que “el Gobierno de Sánchez incumple desde lo 1 de agosto de 2023 todos los meses el artículo 9 de la ley”. Balado explica que “el nivel mínimo que se paga por cada persona atendida mensualmente debe financiarlo el Estado” que solo aporta 76€ de los 100€ que había debido acercar para el grado I y solo 132€ para el grado II cuando había debido aportar 150€. “Esto supone que la deuda desde lo 1 de agosto de 2023 por el impago de las cuantías mínimas ascienda a 12,3 millones de euros adicionales”.
El nuevo Real Decreto de dependencia del Gobierno de Sánchez obligó a reformar la normativa autonómica y a buscar a financiación. Los populares censuraron que el Gobierno de España actuara sin consultar a los Ayuntamientos se tenían capacidad para ampliar las horas, si los contratos vigentes admitirían este incremento o se había financiación y trabajadores para llevarlo a cabo. Ante esta situación, la Xunta de Galicia tuvo que incrementar los complementos autonómicos para que los gallegos con dependencia no habían tenido que pagar más por los mismos servicios.
Balado recordó que “esta misma propuesta, en la que se pide reclamar para Galicia lo que consta en la ley, fue presentada por el Grupo Popular en el Parlamento de Galicia y obtuvo el voto a favor del BNG y la abstención del PSOE”. Es decir, ambas formaciones cambiaron el sentido de su voto con respeto a sus compañeros en el Hórreo.
PROPUESTAS NACIONALISTAS
La Diputación de Lugo insta a la Xunta de Galicia a crear una Valedoría de Igualdad, que asesore y asista las mujeres delante de posibles situaciones de discriminación por razón de xenero que se produzcan en el sector privado. La iniciativa del BNG, presentada como propuesta del gobierno provincial se aprobó en el pleno, en el que la diputada y portavoz nacionalista Iria Castro defendió la necesidad “de seguir avanzando en la creación de instrumentos a favor de igualdad” y en la “salvaguarda de los derechos reconocidos en la legislación” que, recordó, el BNG impulsó desde lo gobierno y desde la oposición con aportaciones como la conocida Ley Ángeles Alvariño para la igualdad entre hombres y mujeres en la investigación.
La diputada nacionalista afeó el voto en contra del PP , a lo que reprochó “que invisibiliza a las mujeres en la composición del grupo provincial”, un aspecto que señaló como demostración de la necesidad de implementar nuevas herramientas que impulsen avances en igualdad.
El pleno provincial también aprobó una moción que reclama a la Xunta de Galicia una nueva convocatoria de ayudas a la incorporación y planes de mejora en la actividad agraria que garantice el futuro de las jóvenes y chicos que quieren instalarse en el rural con modelos de gestión sostenible y basados en una ganadería extensiva con pastoreo.
La propuesta se recoge en una moción del BNG aprobada a pesar de la abstención del PP , que de la cuenta de la denegación masiva de solicitudes de la última convocatoria. El diputado nacionalista y responsabel de Rural Daniel García detalló que “el 70 por ciento de las solicitudes de planes de mejora fueron denegadas “ y puso de manifiesto que “aún no está disponible el borrador de la nueva convocatoria que la Consellaría se apuró a anunciar”.
“Es inadmisible para cualquier administración que se descarte un número de solicitudes que cumplen con la normativa y con los requisitos técnicos, tras la supervisión del personal de las oficinas rurales y del servicio de explotaciones agrarias”, dijo el diputada nacionalista, que advirtió de que “esta dejadez en la gestión compromete el futuro de las jóvenes y chicos que se incorporaron a la actividad agraria y que no disponen del plan de mejora asociado”.
Contrapuso la falta de compromiso y de xestion en este campo, con el apoyo a la instalacíon de Altri en el corazón de la comarca de la Ulloa, cuna de la producción ecológica de la provincia, con 250 millones de euros de fondos públicos.