La EPA constata la caída de la población activa en Galicia y el aumento del número de personas desempleadas
La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año vuelve a evidenciar la situación del mercado laboral gallego. La tasa de paro aumentó un 1,5%, mientras que la ocupación descendió un 0,3%, lo que supone 3.200 personas menos trabajando que en el último trimestre de 2024. Además, Galicia perdió 1.600 personas activas, y el número de hogares con todas las personas en paro aumentó del 41 al 42,4%.
Por sectores, solo el industrial experimentó crecimiento (2,7% más de personas ocupadas), mientras que el resto registraron pérdidas, siendo el primario el más afectado en términos relativos y la construcción en términos absolutos.
El empleo con contrato temporal cayó un 14,6%, mientras que los contratos indefinidos apenas crecieron un 1,7%. Por sexos, la tasa de ocupación femenina subió un 1%, mientras que la masculina bajó un 1,5%, dejando 8.800 hombres más sin empleo. La tasa de paro media subió una décima, siendo la masculina la que más aumentó.
Precariedad estructural
El secretario confederal de Negociación Colectiva de la CIG, Francisco González Sío, atribuye estos datos al modelo laboral basado en la precariedad, los bajos salarios y la estacionalidad. Recuerda que, pese al crecimiento económico estatal, Galicia sigue perdiendo empleo y población activa, y exige una legislación que garantice estabilidad, aumentos salariales y el fin de las nuevas formas de precariedad.
Sío denuncia que, aunque en la UE el desempleo descendió un 5%, Galicia se mantiene entre las zonas con mayor paro. Además, critica la “trampa estadística” de los contratos fijos-discontinuos, que no computan como desempleo aunque muchas veces no supongan ingresos.
También alerta sobre la situación de pobreza laboral: un 36% de las personas trabajadoras declaran ingresos inferiores al SMI, según la Agencia Tributaria. La CIG denuncia que muchas personas sobreviven con empleos parciales, salarios bajos y en sectores marcados por la subcontratación, como las ETT, los centros especiales de empleo o las empresas multiservicios.
Por todo ello, la CIG vuelve a reclamar la derogación de las reformas laborales de 2010, 2012 y 2021, la recuperación de derechos laborales y la creación de un marco gallego de relaciones laborales que permita decidir desde Galicia sobre las condiciones de trabajo en el país.