La Xunta inicia la tramitación de la primera Ley gallega de infancia y adolescencia
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció el inicio de la tramitación del anteproyecto de la primera Ley gallega de infancia y adolescencia, una norma que pretende reforzar la protección y atención a las personas menores y situar la infancia en el centro de las políticas públicas.
La futura ley, según explicó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, podría estar aprobada en el segundo semestre del año. Hasta ahora, las medidas relativas a la infancia en Galicia estaban integradas en otras normativas, como la Ley de apoyo a la familia de 2011 o la Ley de impulso demográfico de 2021.
Entre las principales novedades de la norma figura el refuerzo del acogimiento familiar como fórmula prioritaria de protección cuando un menor no puede vivir con su familia de origen. En este sentido, se regulará por primera vez la doble valoración de las familias para el acogimiento y la adopción.
Esta medida permitirá que un niño o niña que vive con una familia acogedora pueda permanecer en ella en caso de que posteriormente se determine la adopción, otorgando prioridad a esa misma familia y evitando nuevas rupturas afectivas.
La futura ley también prevé la creación de un registro autonómico de familias acogedoras y adoptivas, con el objetivo de mejorar el seguimiento y la gestión de estos procesos.
Además, la normativa regulará los diferentes tipos de medidas de protección a la infancia y reforzará la coordinación entre administraciones. Mientras la Xunta actúa en los casos de riesgo grave o desamparo, los ayuntamientos trabajan a través de los servicios sociales de base en las situaciones de riesgo leve.
Según destacó el Gobierno gallego, la nueva ley pretende suponer un cambio de enfoque en las políticas públicas, pasando de un modelo centrado en la cobertura de necesidades a otro basado en la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.
En los próximos días se abrirá una consulta pública previa para recoger aportaciones de la ciudadanía, entidades sociales y profesionales del sector antes de la elaboración definitiva del anteproyecto.