La Xunta movilizará en 2026 cerca de 41 millones para apoyar a las personas autónomas
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, puso en valor en el Pleno del Parlamento la acción de la Xunta de Galicia en favor de las personas trabajadoras autónomas, con una apuesta decidida por el apoyo, el acompañamiento y la reducción de trabas burocráticas. Lo hizo en respuesta a una pregunta sobre las últimas medidas laborales adoptadas por el Gobierno central.
González avanzó que la Xunta movilizará en 2026 cerca de 41 millones de euros a través de una orden unificada de ayudas al colectivo autónomo, con la que se espera beneficiar a unas 9.000 personas. Esta convocatoria integrará los principales programas del sector con un enfoque integral, desde el inicio de la actividad hasta su consolidación y mantenimiento, incluyendo también medidas de conciliación, relevo generacional y nueva oportunidad para quienes deseen retomar un proyecto emprendedor.
El conselleiro contrapuso este modelo al escenario estatal, que —según señaló— continúa endureciéndose al incrementar cargas fiscales y generar incertidumbre normativa sin tener en cuenta la realidad de las pymes y de las personas autónomas, que representan el 99,8 % del tejido productivo gallego.
Entre las novedades de la orden de 2026, destacó la ampliación de la cuota cero hasta los 24 meses para nuevos autónomos que inicien actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería o la silvicultura. Además, el bono Remuda incrementará su presupuesto en un 20 %, hasta alcanzar los 1,5 millones de euros, con el objetivo de favorecer la continuidad de los negocios y garantizar el relevo generacional.
González subrayó también el papel estratégico del comercio, apoyado en herramientas como el Plan Estratégico del Sector 2025-2030, elaborado en consenso con los agentes económicos. La eficacia de las políticas de la Xunta, apuntó, se refleja en que Galicia es la tercera comunidad autónoma con mayor peso de personas trabajadoras autónomas sobre el total de afiliaciones, con una proporción cercana al 20 %, casi cuatro puntos por encima de la media estatal.
En el apartado crítico, el conselleiro se refirió a la reforma del sistema de cotizaciones de autónomos y a la implantación del sistema Verifactu, cuya reciente prórroga calificó como un síntoma de la falta de planificación y consenso. También advirtió de la creciente complejidad normativa en España, un 16 % superior a la media de la UE, y reclamó la exención del IVA para personas con una facturación inferior a 85.000 euros anuales. Finalmente, subrayó que medidas como la reducción de la jornada laboral o el incremento del SMI deben adoptarse desde el diálogo social y atendiendo a la realidad empresarial.