La Xunta reclama al Estado garantías para mantener el carácter social de las viviendas protegidas de Xuxán
La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, instó en el Parlamento de Galicia al Ministerio de Vivienda y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a garantizar la preservación del carácter social de las viviendas protegidas proyectadas en Xuxán, en A Coruña. La responsable autonómica advirtió que las recientes modificaciones en las condiciones de los préstamos podrían poner en riesgo ese objetivo.
Allegue explicó que la Xunta lleva meses solicitando aclaraciones al Gobierno central sin obtener respuesta. En total, se enviaron cuatro cartas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana —una firmada por el director del IGVS y las otras tres por la propia conselleira— en las que se reclama una reunión urgente con la participación de los cooperativistas de Galivivienda, adjudicataria del proyecto a través de un concurso público autonómico.
El conflicto surge después de que el ICO modificase las condiciones de un préstamo específico, creado el pasado julio por el Ministerio para fomentar la promoción de vivienda en alquiler asequible. La nueva exigencia obliga a los socios de la cooperativa a abonar en solo 10 años la garantía que inicialmente estaba prevista para pagarse en 36 anualidades. Este cambio supone, según Allegue, una amenaza directa al equilibrio económico del proyecto y al compromiso social que debe garantizar la vivienda protegida.
La conselleira lamentó también que Galicia no haya recibido “ni un solo euro” de los 4.000 millones de fondos europeos y de los 2.000 millones estatales disponibles para el desarrollo de vivienda protegida en régimen de alquiler.
Además, Allegue quiso dejar claro que esta situación no implicará ningún aumento en los alquileres que deberán pagar las familias, ya que los precios de las viviendas protegidas están regulados por normativa autonómica y, en el caso concreto de Xuxán, fijados en 4,85 euros por metro cuadrado.
Finalmente, apeló a la colaboración entre todas las administraciones para encontrar una solución “precisa, urgente y esperanzadora” para los cooperativistas afectados, y advirtió de que esta modificación unilateral del ICO podría extenderse a otras cooperativas en España si no se actúa con rapidez.
EL BNG ACUSA A LA XUNTA DE ENGAÑAR A LOS COOPERATIVISTAS
La portavoz de Vivienda del BNG, Alexandra Fernández, arremetió con dureza contra la Xunta por su gestión en el proyecto de viviendas protegidas de Xuxán. La diputada acusó al Gobierno de Rueda de optar por “la propaganda frente a la verdad” y de “vender como alquileres sociales lo que no lo eran”, en referencia a las condiciones económicas impuestas a los cooperativistas de las 224 viviendas promovidas por la gestora Galivivienda.
“En lugar de ponerse del lado de las personas afectadas, se están poniendo del lado de quienes incumplen y manipulan”, reprochó Fernández a la conselleira de Vivienda durante su intervención en el Parlamento gallego. La nacionalista denunció que Xunta y gestora engañaron “doblemente” a los cooperativistas, acusando a Galivivienda de actuar con opacidad y de modificar las condiciones económicas “de un día para otro” sin control por parte de la administración autonómica.
La diputada también denunció que los afectados fueron abandonados a su suerte cuando acudieron al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS): “La primera respuesta fue decirles que se pagaran un abogado”, censuró, a pesar de que existe un convenio con la abogacía gallega para ofrecer asesoramiento. Según explicó, en un segundo encuentro, la Consellería “se limitó a lavarse las manos y a mentir sobre las condiciones exigidas” para proteger a la gestora.
Fernández puso como ejemplo de falta de transparencia el hecho de que la promoción fue presentada públicamente por la entonces conselleira Ángeles Vázquez como un proyecto de alquiler social, cuando los cooperativistas debían asumir más de 50.000 euros de aportación inicial. “Es otro bluf de la política de vivienda del PP”, afirmó, recordando que de las más de 6.000 solicitudes iniciales apenas quedaron 120 tras conocerse los detalles reales de la propuesta.
La nacionalista exigió al Gobierno gallego dos acciones concretas: disculpas públicas “por engañar a la gente con falsa propaganda” y medidas contra la “actuación negligente” de Galivivienda, a la que acusó de provocar la fuga masiva de solicitantes, variar condiciones de forma irregular, incumplir plazos que comprometen las ayudas públicas y crear una cooperativa paralela para eludir el “oscuro historial” de la gestora.