Pedro Blanco confirma la puesta en marcha de un juzgado específico contra la violencia machista en Lugo
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó en Lugo que el Ejecutivo central “responde a una demanda histórica” de la provincia con la creación de una plaza específica en la sección de violencia contra la mujer, una medida que permitirá la puesta en marcha de un juzgado especializado en violencia machista. Según subrayó, esta decisión “refuerza la protección de las víctimas, mejora la respuesta judicial y sitúa a Lugo en el camino de una Justicia más cercana y más ágil”.
El delegado realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con la presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, Sandra Piñeiro, a quien agradeció “de manera especial el trabajo y la colaboración”. Pedro Blanco señaló que su experiencia y compromiso con el servicio público “son fundamentales para seguir avanzando en la mejora del sistema judicial de la provincia de la mano del Gobierno de España”. En el encuentro participó también la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López.
Blanco aseguró salir del encuentro “satisfecho al constatar la voluntad compartida de seguir fortaleciendo los recursos judiciales de Lugo desde el diálogo institucional y la cooperación”. El objetivo, explicó, es que la ciudadanía disponga de una Justicia más especializada y con mayor capacidad de respuesta, especialmente en ámbitos “tan sensibles como la lucha contra la violencia de género, una de las principales cuestiones de Estado”.
El delegado enmarcó este avance en un proceso más amplio de transformación y recordó que en 2026 el Gobierno creará 19 nuevas plazas judiciales en Galicia, “la mayor ampliación de la historia”, impulsada por el ministro Félix Bolaños. Esta cifra supera la suma de las creadas en la última década y supone un incremento del 5,2% en la planta judicial gallega.
De las 19 nuevas plazas, 17 corresponderán a Tribunales de Instancia y dos a las Audiencias Provinciales de A Coruña y Pontevedra. Entre los tribunales reforzados figuran los de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Ourense y Lugo. Esta medida se enmarca en el cambio estructural impulsado por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que establece un modelo organizativo más moderno basado en los tribunales de instancia y orientado a la especialización y a la unificación de criterios.
En el apartado inversor, Pedro Blanco puso en valor que Galicia recibió más de 14 millones de euros del Plan de Recuperación para la digitalización de la justicia, a los que se suman cerca de dos millones adicionales destinados a proyectos tecnológicos. “En definitiva, el Gobierno de España está modernizando la justicia con hechos, con recursos y con una planificación que mira al futuro”, afirmó, insistiendo en que el objetivo es garantizar un servicio público de mayor calidad, “a la altura de lo que merece la ciudadanía gallega y, por supuesto, la lucense”.