El mapa das ayudas tras los incendios en Galicia
Las llamas dibujaron este verano una cicatriz aún visible en muchos montes de Galicia: Ourense como epicentro, aldeas arrasadas por el fuego y familias que perdieron algo más que un paisaje. Pasada la urgencia, llega ese minuto en el que la vida tiene que caber en una mochila y la letra de los decretos se convierte en comida, techo y tiempo. A partir de ahí, la comparación entre comunidades deja de girar en torno a las cuantías y se centra en qué se financia primero, con qué herramientas y a qué velocidad. Para entenderlo mejor, pondremos en paralelo dos escenarios de incendios —Galicia y Castilla y León— con dos crisis de naturaleza distinta pero con daños y urgencias muy similares: la DANA que golpeó a la Comunitat Valenciana en 2024 y la erupción de La Palma en 2021.
En Galicia, se prometen hasta 132.000 euros para reconstruir o rehabilitar la vivienda habitual y 66.000 si la afectada es la segunda residencia. Además, se añade un bono de alquiler social que puede cubrir el 100% de la renta y un cheque de 600 euros para el realojo. En el apartado de menaje, el tope queda en 16.200 euros en la casa principal y en 5.400 en la segunda. Sobre el papel, el “mientras tanto” parece atado; pero, en la práctica, el sistema traza una frontera rígida entre primera y segunda vivienda incluso cuando ambas quedan en ruina, y la primera ayuda real depende de un bono que pasa por la ventanilla del ayuntamiento, de la disponibilidad de pisos y del ritmo de la burocracia.
Si cruzamos a Castilla y León, el verano fue igual de duro en cuanto a incendios, desalojos y monte calcinado, pero la secuencia cambia. Allí, la cuantía máxima para recuperar una vivienda asciende a 185.000 euros tanto si es habitual como si es segunda cuando hay ruina o rehabilitación integral; además, existe una transferencia inmediata de 500 euros por familia evacuada que se resuelve por turnos semanales. En el menaje, el listón sube a 18.000 euros en la vivienda principal y contempla importes amplios en segundas residencias. La idea es sencilla: primero se cubre lo primordial y después se reconstruye. Esas medidas están ya en vigor, con bases publicadas y resoluciones de pago.
Si comparamos con otro tipo de desastres, la Comunitat Valenciana abrió una ventana fácil de entender: 6.000 euros por vivienda para reponer bienes esenciales tras la DANA de octubre de 2024 y un programa autonómico de alquiler por hasta 12 meses, en torno a 800 euros al mes, con fianza y garantía incluidas si el arrendador las exige. Más que discursos, es dinero rápido que evita que las familias tengan que endeudarse para aguantar el golpe. En paralelo, el Consell puso en marcha el plan “Ara Empreses”, con subvenciones para comercio, hostelería y pymes industriales afectadas, con importes claros y tramitación sencilla.
Canarias, por su parte, aprendió pronto que la emergencia no cabe en un trimestre. Tras la erupción del volcán de La Palma en 2021, el Gobierno autonómico añadió un complemento de 30.000 euros por vivienda habitual destruida y mantuvo un alquiler de emergencia con abonos periódicos por cuatrimestres. La lógica es menos de gestos espectaculares y más de organizar los plazos: garantizar que los pagos lleguen a tiempo para sostener una vida provisional que se prolonga. Ese sistema sigue en marcha, con resoluciones ya en el quinto, sexto, séptimo y octavo cuatrimestre.
Hasta aquí, diferencias de diseño. Pero este verano Galicia tuvo, además, un problema de relato. La propia Xunta cifró en torno a 120.000 las hectáreas arrasadas en agosto —“la mayoría, suelo raso”, subrayó Alfonso Rueda—, mientras que los satélites de Copernicus elevaron la estimación por encima de 125.000 y, con el paso de los días, equipos técnicos y científicos la situaron muy por encima de las cuentas autonómicas. Ese baile de cifras alimentó la sospecha de maquillaje en la magnitud del desastre.
No es la única sombra. Se denuncia que la Xunta no informa de manera sistemática de los incendios inferiores a 20 hectáreas; este enfoque de comunicación reduce la visibilidad de los fuegos menores, desordena el mapa real del fuego en tiempo real y debilita la confianza ciudadana. Aunque el Gobierno gallego niega falta de transparencia, en la práctica no reportar los focos pequeños impide conocer con precisión la evolución de los incendios y su impacto acumulado.
El discurso oficial intentó compensar el desgaste con anuncios de más prevención “desde ya” y con una propuesta de base permanente de la UME en Ourense, concretamente en Toén. Que la Xunta pida una unidad militar para recortar tiempos de respuesta (de cinco o seis horas a despliegues inmediatos) tiene lógica operativa, pero también deja una pregunta en el aire: si el dispositivo propio es “el mejor de Europa”, como defendió la conselleira, ¿por qué se externaliza el corazón de la reacción? La oposición lee ese giro como una admisión implícita de carencias.
Hablando de prevención, más de lo mismo. Mientras en el Parlamento se prometía aplicar “con rigor” la ley gallega de 2007 (una norma nacida del bipartito y que el PP rechazó en su día), noticias sobre fondos para rozas y cortafuegos sin adjudicar, o millones aún sin ejecutar, pusieron el foco en la letra pequeña de los presupuestos. La Xunta replica que hay margen legal hasta 2026 y que “se habla poco de lo que se salvó”, pero, a pie de monte, ese matiz no cambia la sensación de haberse llegado tarde al verano más cálido.
Cuando esas grietas de credibilidad se cruzan con los decretos de ayuda, el resultado es un contraste incómodo. En Galicia, la segunda vivienda queda anclada en la mitad del límite de la principal incluso en ruina; los topes de menaje dan poco de sí ante una reposición completa. Al lado, Castilla y León iguala el trato entre primeras y segundas en ruina, sube el menaje y paga 500 euros de salida; Valencia condensa el mensaje en “6.000 ya y alquiler un año”, y Canarias convierte el alquiler de emergencia en una política con cadencia. Son maneras distintas de decir lo mismo: la gente necesita llaves y dinero en el momento inicial, y la obra va después.
El tejido productivo completa el cuadro. Galicia acredita músculo: coberturas de daños empresariales de hasta el 100% con tope general de 600.000 euros (excepcionalmente 1,5 millones si peligra el empleo) y un baremo detallado en el agro (viñedo, castaña, alimentación de ganado y apicultura, reforestaciones, etc.). Pero el espejo devuelve que otras administraciones añadieron a sus paquetes domésticos ayudas líquidas y programadas para comercio, hostelería y pymes, como el plan “Ara Empreses” en la Comunitat Valenciana, que fue por fases, con importes cerrados y anticipos; o convocatorias periódicas para autónomos y negocios en La Palma mientras duró el realojo. Da la impresión de que, en Galicia, el catálogo técnico está bien construido… pero en el día a día sigue faltando el respiro que necesitan las familias.
Y, mientras, la calle habla. Miles de personas salieron en Santiago para exigir responsabilidades y más prevención. “Queremos un gobierno que nos quiera”, se leía en las pancartas. A Rueda le pidieron la dimisión en bloque; el Gobierno respondió defendiendo su gestión y apelando a no hacer “cortoplacismo” con la tragedia. Pero el clima es el que es. En Vigo, el BNG registró ya una moción para reclamar la dimisión del presidente por “fracasar” en la política forestal y dejar sin ejecutar partidas de prevención. Por su parte, el PSdeG pide la salida de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y una revisión de fondo del operativo. La conselleira se niega a dimitir: asegura que el dispositivo fue ejemplar y que los incendios fueron “excepcionales”.
Volvamos al principio, al minuto uno. Cuando una familia sale con lo puesto, busca un ingreso hoy, un contrato de alquiler claro y un horizonte que no cambie de cifra cada semana. Ahí es donde la respuesta autonómica se distingue. Valencia hizo de la sencillez una política; Canarias, del calendario; Castilla y León, de la liquidez. Galicia prefirió un decreto correcto en la forma, pero corto en empatía y atravesado por un relato que quedó pequeño ante el satélite y ante la calle. Si la Xunta quiere recuperar credibilidad, el camino es tan evidente como asumible: equiparar las segundas viviendas en ruina, subir el menaje a niveles del entorno, habilitar un pago inmediato por desalojo y, por encima de todo, decir cuánta Galicia ardió sin que lo tengan que contar terceros. Hasta entonces, habrá ayudas… pero faltará aire.