Rueda anuncia una inversión de 2.000 millones en vivienda hasta 2030 para ampliar el parque público a 10.000 inmuebles
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes la aprobación del II Pacto de Vivienda de Galicia, que compromete una inversión de cerca de 2.000 millones de euros entre 2026 y 2030 con el objetivo de reforzar el acceso a la vivienda y ampliar el parque público residencial hasta 10.000 inmuebles en 2030.
Según explicó Rueda, esta inversión pública permitirá movilizar alrededor de 5.000 millones de euros adicionales de inversión privada y generar o mantener cerca de 60.000 puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción y la vivienda.
La mayor parte de los fondos procederán de recursos propios de la comunidad autónoma, con una aportación de 1.630 millones de euros, lo que supone el 82,67 % del total. Los fondos estatales alcanzarán los 241 millones de euros y los europeos los 100 millones.
El presidente destacó que este nuevo pacto refuerza una política de vivienda basada en el consenso y la participación de todos los agentes implicados, con el objetivo de garantizar la eficacia de las medidas. En esta línea, la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras señaló que el acuerdo se enmarca en una hoja de ruta que incluye construir, rehabilitar y desarrollar suelo residencial.
El II Pacto de Vivienda fue elaborado en el seno del Observatorio de la Vivienda de Galicia, en el que están representados ayuntamientos, entidades profesionales, promotores, cooperativas, colegios profesionales y asociaciones de consumidores.
Entre los compromisos asumidos figura la incorporación de 2.000 nuevas viviendas públicas en los próximos cuatro años, que se sumarán a las 8.000 previstas para 2028 hasta alcanzar las 10.000 en 2030.
El documento se estructura en cuatro líneas estratégicas: acceso a la vivienda; rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; suelo residencial; y otras medidas complementarias, como el impulso de la construcción industrializada, la innovación, la agilización de licencias o la política fiscal y financiera en materia de vivienda.
El nuevo pacto incorpora además medidas específicas para facilitar el acceso a la vivienda de la juventud, como alojamientos compartidos y la reserva de una parte de las nuevas viviendas protegidas para este colectivo, tanto en régimen de alquiler como de compra.