A Coruña y Santiago unen fuerzas en materia de vivienda y reclaman a la Xunta los 5,1 millones de las zonas tensionadas
A Coruña y Santiago de Compostela reforzarán su colaboración en materia de vivienda. Las alcaldesas de ambas ciudades, Inés Rey y Goretti Sanmartín, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo para compartir la experiencia acumulada desde la declaración de sus municipios como Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) y acordaron crear un grupo específico para abordar de manera conjunta esta cuestión.
Uno de los principales asuntos tratados fue el destino de los 5,1 millones de euros que el Estado transferirá a la Xunta de Galicia vinculados precisamente a las declaraciones de ambas ciudades como zonas tensionadas. Las regidoras reclaman que estos fondos sean transferidos a los respectivos ayuntamientos y que se destinen a las actuaciones incluidas en los planes de medidas elaborados por A Coruña y Santiago.
Las alcaldesas consideran que los ayuntamientos deben participar en la gestión de estos recursos porque fueron las administraciones que impulsaron las declaraciones, elaboraron la documentación necesaria y deben ejecutar y evaluar buena parte de las medidas previstas.
Nuevo grupo de trabajo sobre vivienda
La colaboración entre A Coruña y Santiago no se limitará a los fondos. Ambas ciudades acordaron constituir un grupo de trabajo específico que permitirá analizar la evolución de las zonas tensionadas y abordar otras cuestiones relacionadas con el mercado residencial, entre ellas las viviendas de uso turístico.
También está previsto que los responsables de Urbanismo de ambos ayuntamientos participen en las convocatorias de las Mesas de Vivienda que se celebren en cada ciudad, con el objetivo de compartir información y experiencias.
Otro de los puntos señalados durante la reunión fue la necesidad de disponer de más datos sobre el mercado del alquiler. Las alcaldesas reclaman a la Xunta información que permita conocer no solo los nuevos contratos, sino también la evolución de las prórrogas, extinciones y otras modalidades de alquiler.
Reclaman el desarrollo de la Ley de Vivienda
Rey y Sanmartín también pidieron a la Xunta que desarrolle la parte autonómica de la Ley de Vivienda para permitir, según sostienen, una aplicación más amplia de la normativa y facilitar que las medidas lleguen a las personas con mayores dificultades para asumir los precios de los alquileres.
Durante el encuentro, ambas responsables municipales pusieron en común actuaciones que ya están en marcha. Entre las líneas compartidas figuran la promoción de vivienda pública, la rehabilitación de edificios, la movilización de suelo y las medidas relacionadas con las viviendas de uso turístico.
En el caso de A Coruña, el Ayuntamiento señala que ha concedido 3,5 millones de euros para la rehabilitación de 240 viviendas en siete edificios, además de reforzar EMVSA para la gestión del parque municipal, formado por alrededor de 500 viviendas públicas. También tiene en construcción 50 nuevas viviendas municipales en Xuxán y ha cedido a la Xunta parcelas municipales en Os Rosales, Pedro Fernández y Porticada para levantar otras 99 viviendas públicas.
El PP cuestiona el modelo de las zonas tensionadas
La reunión también generó reacciones políticas. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos, criticó el encuentro entre las alcaldesas y cuestionó los resultados de las políticas aplicadas en ambas ciudades.
Pazos sostuvo que la declaración como zona tensionada provocó un incremento de los precios del alquiler y una caída de la oferta superior al 50 % en A Coruña durante el último año. Estas afirmaciones forman parte de la argumentación del PP para cuestionar el modelo aplicado, frente a la defensa que hacen los gobiernos municipales de la herramienta y de los planes de medidas asociados.
El representante popular también calificó de insuficientes los 5,1 millones de euros vinculados a las dos zonas tensionadas y anunció una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para reclamar más recursos al Gobierno central, así como mecanismos de evaluación con datos oficiales.
Por su parte, el portavoz municipal del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, criticó la política de vivienda del gobierno local y defendió como alternativas la construcción de más vivienda pública, la agilización de las licencias y nuevas ayudas para rehabilitación e instalación de ascensores.