Besteiro presenta unos presupuestos alternativos con 200 millones para vivienda y 289 para los ayuntamientos
El PSdeG quiere que los presupuestos gallegos de 2027 incluyan 100 millones para un Plan Gallego de Adaptación Climática y Seguridad Hídrica y un Fondo Industrial de Equilibrio Territorial de 50 millones para las provincias de Lugo y Ourense. Son dos de las novedades de la alternativa de 1.236 millones que el secretario general de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, presentó este viernes en rueda de prensa. Con ella argumentó la enmienda a la totalidad que el grupo registró ayer en el Parlamento para pedir la devolución de unos presupuestos que, señaló Besteiro, «debilitan los servicios públicos y abren la puerta a hacer negocio con lo que debería ser un derecho».
El secretario general del PSdeG recordó que la buena marcha de la recaudación permite a la Xunta disponer de unos 900 millones más que el año pasado, que «llegan a través de ese sistema de financiación que tanto critica el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda». Pero, añadió, «lo más importante de estos presupuestos es cómo afectan las cuentas a la vida de la gente».
Y ahí el socialista ve un PP que mantiene el alivio fiscal a los grandes patrimonios mientras ofrece al resto una rebaja del IRPF «realmente irrisoria», que deja a los gallegos y a las gallegas «aproximadamente dos cafés al mes». Como ejemplo, señaló que los bingos siguen con la rebaja de impuestos que se les dio para recuperarse de la covid. «Fíjense ustedes cómo establece el PP sus prioridades en materia fiscal», ironizó. Para Besteiro, estas cuentas no alivian los problemas de la gente, «lo que hacen es precisamente agravar esos problemas».
«Hoy tenemos una situación absolutamente dramática en relación con la vivienda y las políticas de Rueda no hacen más que agravarla», afirmó. Así, destacó que las solicitudes de vivienda pública subieron un 150 % desde que Rueda preside la Xunta y en el último año se sumaron a la lista 41 personas cada día.
Mientras, en la sanidad, las personas que llevan más de un año esperando por una consulta médica pasaron de 145 a 1.118 en doce meses. A eso se suma el aviso del conselleiro de Hacienda, Miguel Corgos, que ya anunció que las tasas y los precios de los servicios públicos subirán en cuanto se contenga la inflación. Y todo, dijo Besteiro, «con una economía gallega que sigue por detrás de la española en salarios y en creación de empleo».
Frente a eso, el PSdeG propone movilizar 1.236 millones para reforzar los servicios públicos y conseguir que la bonanza económica «se traslade también a todas las familias gallegas de una forma real». El dinero saldría de poner fin a los privilegios fiscales de las grandes fortunas y de los grandes patrimonios y de aplicar la condonación de la deuda.
Los ayuntamientos se llevan la partida más grande, con 289 millones más. De ellos, 200 irían a un Plan Único de financiación municipal abierto a todos, «a semejanza del que hay en las diputaciones provinciales», y 30 a compensar íntegramente el canon de Sogama. Otros 50 millones servirían para modernizar las redes de abastecimiento y reducir las pérdidas de agua, una obra que los ayuntamientos «solos no pueden afrontar». Besteiro la vinculó a la sequía, que «apareció con toda crudeza este año» y que, advirtió, «viene para quedarse en nuestro país». Incluye también 4 millones para la capitalidad de Santiago y otros 4 para el Consorcio de Vigo. Es la respuesta a la asfixia que denunciaron esta semana en el Parlamento las diputaciones de A Coruña y Lugo.
En el rural, el PSdeG reserva 100 millones para un plan integral de prevención de incendios y de recuperación de las zonas quemadas, porque hay muchas que «hoy no están recuperadas». Añade 15 millones para mejorar las condiciones de quienes trabajan en la prevención y en la extinción, y otros 100 para el Plan Gallego de Adaptación Climática y Seguridad Hídrica, para recuperar agua y evitar pérdidas, sobre todo lejos de los grandes núcleos urbanos, donde la falta de agua castiga la actividad agroganadera y forestal.
La otra gran novedad mira hacia la Galicia interior. El Fondo Industrial de Equilibrio Territorial, de 50 millones, quiere desarrollar políticas industriales en Lugo y Ourense y está «dirigido específicamente a recuperar un equilibrio territorial», lo que obliga, según los socialistas, a cambiar las prioridades de inversión de la Xunta.
200 millones adicionales para Vivienda
En vivienda, la enmienda suma 200 millones. Besteiro defendió el Banco Público de Alquiler, que «donde se está aplicando está teniendo unos resultados fantásticos», y la ampliación del Bono Alquiler Juventud. Los socialistas apoyan las zonas tensionadas, con los beneficios fiscales para los arrendadores de esas zonas, y destinan 40 millones a residencias universitarias públicas. También quieren reforzar la rehabilitación de barrios, que la Xunta tiende a abandonar, y actuar sobre la vivienda vacía, «que hay mucha en Galicia», en lugar de fiarlo todo a pisos nuevos que obligarán a esperar «durante muchísimos años».
La sanidad recibiría 133,5 millones más, con la atención primaria como «verdadera prioridad». Incluye 23 millones para personal sanitario y no sanitario, logopedia, podología, más fisioterapia y trabajo social y 19 millones para salud mental. En política social, los 185 millones «por encima del propio incremento que fija la Xunta» permitirían hacer gratuita la ayuda en el hogar y recuperar la Tarjeta Básica que el PP les retiró a las familias más vulnerables, además de impulsar residencias de proximidad cofinanciadas con las diputaciones.
En educación, los 36 millones más recuperan la propuesta socialista del comienzo del curso, con profesorado de apoyo, orientadores, cuidados y la mejora de 60 centros. Se añaden las becas comedor y el mantenimiento de la gratuidad de las tasas universitarias. La alternativa recoge además 30 millones para liberar de peajes la AG-55 y la AG-57, las autopistas de la Xunta, porque «lo que pedimos para las autopistas del Estado, también lo apliquemos aquí».
Galicia vota en tres semanas y Besteiro cree que estos presupuestos pesarán en esa decisión, porque «de lo que estamos hablando, tanto el 29 de noviembre como ahora, es de dos modelos». El del PP, dijo, que penaliza los derechos sociales y hace que la bonanza «solamente beneficie a unos pocos». Y el de los socialistas, con «una apuesta clara por los servicios públicos y por su fortalecimiento, y no por la deriva hacia lo privado y el debilitamiento de nuestros servicios públicos».
Ya en las preguntas, insistió en que ese debate es el mismo que se decide en España, con la vivienda como «quinto pilar del Estado del bienestar» junto a las pensiones, la educación y la sanidad públicas y la dependencia. Y citó la AP-9, cuya transferencia votaron en contra PP y Vox en el Congreso. «No podemos reclamar la gratuidad de la AP-9, pedir la transferencia, después no quererla, no aceptarla, y seguir manteniendo los peajes en la AG-55 y en la AG-57», criticó.