Carme da Silva reclama que la Xunta y el Estado dejen de culparse por los terrenos de As Raíñas y por la reforma de la N-120

La candidata del BNG al Congreso, Carme da Silva, reclamó este martes que la Xunta y el Gobierno central asuman sus responsabilidades e impulsen actuaciones pendientes en materia de vivienda pública y seguridad vial. Lo hizo durante una visita a Moaña, donde pidió que se desbloquee la construcción de vivienda pública en los terrenos de As Raíñas, y en un encuentro con la Plataforma en Defensa de la N-120, en Ponteareas, para reclamar avances en la reforma de esta carretera.
En Moaña, Da Silva instó a ambas administraciones a dejar de «tirarse los trastos» y hacer posible la construcción de vivienda pública en el municipio. Defendió que la SAREB, propietaria de los terrenos e inmuebles, debe transferirlos de manera directa y gratuita al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) para incorporarlos al parque público de alquiler. Según denunció, ni la Xunta ni el Gobierno central, a través de Casa 47, están promoviendo vivienda pública en estos terrenos.
La candidata criticó que la Xunta pretenda que el Ayuntamiento asuma la urbanización de los terrenos sin comprometerse a construir vivienda, pese a ser la administración competente en esta materia. También cuestionó la falta de actuación de Casa 47 y recordó que los terrenos de As Raíñas fueron rescatados con fondos públicos. Como posibles vías de solución, propuso que la Xunta reciba los terrenos de manera gratuita y promueva vivienda pública de alquiler accesible o que el Estado impulse directamente el desarrollo a través de Casa 47.
Da Silva recordó que la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, lleva tiempo reclamando que los terrenos pasen directamente a la Xunta, sin obligar al Ayuntamiento a asumir inversiones y responsabilidades que no le corresponden. La regidora denunció que la situación supone, a su juicio, una discriminación respecto a otros municipios en los que la Xunta sí asume el desarrollo de terrenos para construir vivienda.
La nacionalista enmarcó el problema en una situación más amplia de dificultad de acceso a la vivienda y defendió la propuesta del BNG de reservar el 3 % de los Presupuestos Generales del Estado para financiar, a través del Plan Estatal de Vivienda, la creación de un parque público de alquiler permanente. Además, llamó a participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre en defensa del derecho a la vivienda, de los salarios y de las pensiones dignas.
Por otra parte, en Ponteareas, Carme da Silva se reunió con integrantes de la Plataforma en Defensa de la N-120, que expresaron su preocupación por la paralización de la reforma de la carretera. La candidata advirtió de que el proyecto acumula trece meses sin avances y reclamó que no vuelva a quedarse en un anuncio sin ejecutar.
Da Silva recordó que una pregunta presentada por ella en el Senado en marzo contribuyó, según indicó, a volver a poner el foco en el bloqueo de la actuación. Tras esa iniciativa, el Gobierno central anunció que aprobaría el proyecto constructivo definitivo antes de finalizar el año y que licitaría las obras en el primer semestre de 2027. Sin embargo, la convocatoria electoral volvió a generar incertidumbre sobre el cumplimiento de estos plazos.
La actuación afecta a un tramo de unos cinco kilómetros por el que circulan alrededor de 15.000 vehículos diarios y en el que conviven viviendas, accesos y desplazamientos peatonales a ambos lados de la vía. La candidata consideró urgente adoptar medidas de calmado del tráfico, construir un itinerario peatonal, reorganizar los accesos y mejorar el firme para reducir los riesgos.
En la reunión participaron también el candidato del BNG por Condado-Paradanta, Hugo Domínguez; la diputada y candidata a la Alcaldía de Ponteareas, Cristina Fernández; y los concejales Miguel Bouzó y Verónica Bargiela. Fernández señaló que la reforma es una prioridad para el municipio, especialmente para las parroquias de Xinzo, Arnoso y Areas, y advirtió de que los trabajos puntuales de asfaltado no resuelven los problemas de seguridad existentes.
La diputada reclamó que se apruebe el proyecto, se liciten las obras y comiencen a ejecutarse, e insistió en que la seguridad de las personas debe estar por delante de cualquier cálculo político. Da Silva, por su parte, vinculó la resolución de estas actuaciones a la necesidad de que el BNG tenga más peso político en las Cortes tras las elecciones del 29 de noviembre.