Carmela López obtiene el compromiso de la Xunta de replantear las obligaciones de los ayuntamientos en la ALALG
La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, se reunió este viernes en San Caetano con el conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, para analizar las alegaciones presentados por la institución provincial al Anteproyecto de ley de la Administración Local de Galicia (ALALG). En el encuentro también participaron el Diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón; el secretario de la Diputación, José Cillero; la directora general de Administración Local, Natalia Prieto; el secretario general de la Xunta de Galicia; y dos subdirectoras de Administración Local de la Xunta de Galicia. El encuentro da continuidad al mantenido hace menos de un mes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
López señaló durante la reunión que "la Diputación de Lugo no viene a bloquear nada. Queremos una ley de administración local para Galicia, pero queremos una ley que sea útil para todos (Xunta, Diputaciones y Ayuntamientos)”. La presidenta agradeció además el tono institucional del encuentro y la voluntad de escucha mostrada por la Xunta de Galicia a las alegaciones presentados por la Diputación.
En el encuentro, la Diputación de Lugo logró que la Xunta se abra a replantear el modelo de obligaciones que el anteproyecto impone a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos. En este sentido, ambas partes se comprometieron a estudiar cambios en un texto que, en su redacción actual, amplía de forma sustancial las obligaciones de estas administraciones sin prever financiación. “Si vamos a tener más competencias, debemos saber cuáles son y cuánto dinero nos van a transferir para poder asumirlas”, subrayó la presidenta, quien advirtió de que el anteproyecto, tal y como está formulado, “vulnera el artículo 142 de la Constitución: si me das las competencias, me das los medios”.
Además, la Diputación logró que la Xunta elimine el artículo 95, referido a la autoorganización de las diputaciones, que otorgaba a la Administración autonómica una competencia de coordinación en servicios sociales sin definir ni limitar su alcance.
En el ámbito territorial, la presidenta consiguió también que el anteproyecto incluya una referencia a las parroquias, reconociendo su carácter identitario en Galicia, ausente en la redacción inicial del texto.
En relación con la financiación local, la Xunta aceptó estudiar la propuesta de la Diputación de establecer un porcentaje mínimo garantizado sobre el Presupuesto autonómico para el fondo de Cooperación Local, con el objetivo de dotar de mayor estabilidad y previsión a los recursos de los Ayuntamientos.
Competencias y organización territorial
La Diputación insistió en la necesidad de clarificar las competencias y servicios obligatorios de los ayuntamientos y diputaciones. En este sentido, la Xunta se comprometió a mejorar el texto para diferenciar con claridad qué funciones son obligatorias y cuáles no, con el fin de evitar inseguridad jurídica en las entidades locales.
Actualmente, el anteproyecto asigna a los ayuntamientos un listado de competencias sin distinguir entre obligatorias y optativas, lo que dificulta su aplicación práctica, especialmente en los municipios de menor tamaño.
La definición de municipio en reto demográfico del artículo 72 fue otro de los puntos abordados. La Diputación considera que resulta ambigua al no dejar claro si deben cumplirse de manera simultánea los criterios establecidos.
A este respecto, la Xunta “se comprometió a aclarar que todos los criterios se deben dar de manera simultánea, un hecho que ayudará a haber definido claramente cuáles son los ayuntamientos que se ampararán en este paraguas, pero alertamos que no se concretan ni planes ni medidas concretas para estos ayuntamientos”, advirtió.
La Xunta mantiene el artículo 40, relativo a las fusiones municipales, una medida que la Diputación rechaza. La institución provincial defiende que ya existen mecanismos más garantistas para este tipo de procedimientos
“Un municipio que lleva años sin recursos, que pierde población y que no puede prestar servicios porque nadie lo financió para eso, no puede tener como única salida desaparecer”, advirtió la presidenta.
La Diputación consiguió que la Xunta aceptara estudiar la propuesta de establecer un porcentaje mínimo garantizado sobre el Presupuesto de la Xunta para el fondo de Cooperación Local. De este modo, los Ayuntamientos podrán saber con qué ingresos cuentan cada año, sin depender de la voluntad política del Gobierno Autonómico.
Respecto a las variables de reparto, la Diputación mantiene que en el Anteproyecto la dispersión poblacional está infraponderada frente a la superficie —cuando en Galicia el verdadero sobrecosto viene de los cientos de núcleos pequeños— y que la definición del esfuerzo fiscal no mide el esfuerzo real y penaliza a los municipios organizados en mancomunidades.