CCOO y CIG rechazan el plan de la Xunta sobre las bajas médicas y reclaman medidas sobre las causas de la salud laboral
CCOO y CIG manifestaron su rechazo al Plan Integral para la Mejora de la Prevención, el Bienestar Laboral y la Reincorporación Saludable al Trabajo en Galicia 2026-2029 aprobado por la Xunta en el marco de la Mesa de Diálogo Social. Las dos organizaciones sindicales consideran que el documento no aborda las causas estructurales del incremento de las bajas médicas y cuestionan tanto el refuerzo de las medidas de control sobre las personas en situación de incapacidad temporal como el destino de los fondos públicos previstos en el programa.
CCOO califica el plan de “cortina de humo” y considera que bajo el discurso del bienestar se amplían mecanismos de seguimiento de las incapacidades temporales. La central destaca que el 58 por ciento del presupuesto del programa, unos 26 millones de euros, está destinado a actuaciones relacionadas con la gestión de las bajas por contingencias comunes.
Entre las medidas que critica figura la utilización como indicador del porcentaje de propuestas de alta de las mutuas resueltas dentro del plazo, al entender que puede introducir presión sobre el personal sanitario para acelerar las altas médicas. CCOO reclama, por el contrario, actuaciones sobre cuestiones como las condiciones de trabajo, la precariedad, las horas extraordinarias no pagadas, los riesgos psicosociales o el subregistro de las enfermedades profesionales.
La organización también cuestiona la introducción en el plan del concepto de “uso responsable” del sistema de protección y la creación de una carta de derechos y deberes de las personas enfermas. Para CCOO, estas medidas pueden trasladar a las personas trabajadoras una responsabilidad individual sobre su recuperación y reincorporación.
El secretario de Salud Laboral de CCOO de Galicia, Armando Iglesias, sostiene que la incapacidad temporal es un derecho vinculado a la protección de la salud y al trabajo y advierte contra cualquier enfoque que presente a las personas enfermas como sospechosas. El sindicato denuncia además que el documento contempla ayudas para que las empresas apliquen medidas que, a su juicio, ya forman parte de sus obligaciones legales o deberían asumir por responsabilidad empresarial, sin establecer contrapartidas suficientes.
CCOO pone como ejemplo la falta de medidas específicas para combatir las horas extras no pagadas o el subregistro de enfermedades profesionales. Según los datos manejados por la organización, en 2024 se notificaron en España 104 cánceres laborales, mientras que las estimaciones científicas que cita sitúan en alrededor de 8.000 los casos anuales.
Por su parte, la CIG considera que el plan supone “un paso más” en la criminalización de las bajas médicas y critica lo que define como un mayor protagonismo de las mutuas y del sector sanitario privado. El secretario general de la central, Paulo Carril, cuestiona especialmente los 45 millones de euros previstos en el programa y afirma que estos fondos deberían priorizar la atención sanitaria y la protección de las personas trabajadoras.
Carril también califica de “tomadura de pelo” la creación de la figura del acompañante o coordinador de la reincorporación al trabajo, al considerar que no va acompañada, según la central, de los recursos necesarios en el sistema público de salud. La CIG denuncia igualmente que los 26 millones de euros anunciados como mejoras en la sanidad pública acabarán, según su interpretación, reforzando el negocio de las mutuas.
Ambas centrales coinciden también en cuestionar el proceso de diálogo social que acompañó la elaboración del plan. CCOO denuncia que las organizaciones sindicales mayoritarias no participaron en su elaboración y califica el acuerdo alcanzado con UGT y la Confederación de Empresarios de Galicia de “simulacro de diálogo”. La CIG también critica que UGT firmase el documento por considerar que contiene medidas contrarias a los intereses de las personas trabajadoras.
Las dos organizaciones reclaman una revisión del programa y la apertura de un proceso de negociación en el que participen todas las organizaciones sindicales con representación. CCOO pide que se elabore un verdadero plan de salud laboral centrado en la prevención y en las condiciones de trabajo, mientras que la CIG reclama medidas frente a la precariedad y a los recortes en la sanidad pública.
Como respuesta al plan de la Xunta, la CIG convocó concentraciones para el próximo 8 de octubre ante los edificios administrativos de la Xunta de Galicia en las ciudades gallegas. La central anuncia estas movilizaciones para denunciar el contenido del programa y reclamar cambios en las políticas de salud laboral y de protección de las personas trabajadoras.