Cientos de personas se unen a la marcha por la dignificación del sector de la discapacidad y menores de 3 años
Cientos de personas participaron este miércoles en la jornada de huelga parcial de seis horas y en la manifestación convocada en los sectores de la atención a las personas con discapacidad, de la educación infantil privada de 0 a 3 años y de la educación infantil pública de 0 a 3 años para reclamar mejoras laborales y salariales, reforzar la calidad de los servicios y avanzar hacia la negociación colectiva en el ámbito gallego. La huelga fue secundada de forma mayoritaria, a pesar de tener decretados unos servicios mínimos del 80 %, lo que impidió a mucho personal participar en la movilización.
Al finalizar la marcha se dio lectura a los manifiestos reivindicativos de cada sector, en los que denuncian las condiciones laborales que padecen, por lo que reclaman la implicación de la administración gallega para resolver los problemas estructurales que afectan a estos sectores.
Insistieron, además, en que la mejora de la atención a las personas usuarias pasa necesariamente por garantizar condiciones laborales dignas para quienes prestan estos servicios y criticaron que se trate de actividades fundamentales para la sociedad que continúan soportando bajos salarios, elevadas cargas de trabajo y escaso reconocimiento profesional.
Las trabajadoras y trabajadores de la atención a las personas con discapacidad denunciaron la precariedad laboral y salarial que sufren y reclamaron condiciones acordes con la responsabilidad y la importancia social de su trabajo.
Advirtieron de que una parte importante del personal percibe retribuciones que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional y denunciaron la pérdida de derechos laborales consolidada en los sucesivos convenios estatales. Frente a esta situación, reclamaron la constitución de una mesa tripartita integrada por administración, sindicatos y patronales para avanzar en la creación de un complemento salarial autonómico e impulsar la negociación de un convenio gallego propio.
También demandaron la reducción de la jornada laboral, el reconocimiento de complementos vinculados a la penosidad, peligrosidad y toxicidad del trabajo, una mejor consideración de la nocturnidad y del turno rotatorio, así como el incremento de los recursos humanos y materiales y la reducción de las ratios de atención. Según defendieron, la mejora de las condiciones laborales es imprescindible para garantizar una atención de calidad a las personas con discapacidad.
En el manifiesto del sector de la educación infantil privada de 0 a 3 años, las trabajadoras reivindicaron el carácter plenamente educativo de esta etapa y denunciaron la situación de precariedad que afecta a un colectivo mayoritariamente femenino.
Las profesionales criticaron que la gratuidad impulsada por la Xunta no se acompañase de una equiparación salarial que termine con las diferencias existentes entre las distintas tablas retributivas del sector. En este sentido, reclamaron la integración de las escuelas infantiles en la Consellería de Educación, la unificación de las tablas salariales, la creación de un complemento autonómico que dignifique los salarios y la apertura de una negociación que permita alcanzar el primer convenio gallego del sector.
Recordaron que la principal finalidad de su actividad es potenciar las capacidades y el progreso psicomotriz, afectivo, intelectual y social de los niños y niñas en esta etapa. Por ello subrayaron que “no somos guarderías: somos escuelas” y destacaron que su labor en la educación no se limita a “tenerlos limpios, mantenidos, entretenidos o vigilados”.
Además, denunciaron que muchas de las tareas pedagógicas y de preparación de las actividades se realizan fuera de la jornada laboral, afectando tanto a las condiciones de trabajo como a la conciliación de la vida personal y familiar. “Nosotras no guardamos, nosotras educamos”, proclamaron para reivindicar la importancia de su función educativa.
Educación infantil pública 0-3: más recursos para mejorar la calidad educativa
Por su parte, las trabajadoras de la educación infantil pública de 0 a 3 años centraron sus reivindicaciones en la mejora de la calidad educativa y de las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Entre las demandas trasladadas a la Xunta figuran la recuperación de la formación específica para el sector, la habilitación de más tiempo dentro de la jornada laboral para tareas de programación y coordinación pedagógica, la reducción de las ratios y la adaptación de los espacios a las necesidades reales de los niños y niñas.
También reclamaron la implantación de la pareja educativa en todos los centros, un calendario escolar más respetuoso con las necesidades de la infancia y de las familias, la integración del primer ciclo de Educación Infantil en la Consellería de Educación, medidas para promover el uso del gallego desde las primeras etapas educativas y una mayor protección de la salud laboral de las trabajadoras embarazadas.
El personal de los centros de protección y reforma juvenil denunció también la precariedad que padece el sector y la falta de respuesta de la Consellería de Política Social a sus demandas. En el manifiesto leído al finalizar la movilización advirtieron de que los centros sufren saturación, escasez de recursos y una creciente fuga de profesionales debido a las condiciones laborales y salariales.
Entre sus reivindicaciones figuran la aplicación inmediata del acuerdo retributivo autonómico, la mejora de los salarios, la reducción de las ratios de atención, el incremento de los recursos humanos y materiales y la negociación de un convenio gallego propio que dignifique las condiciones de trabajo y garantice una atención de mayor calidad a la infancia y a la juventud tutelada.
Al finalizar la movilización, las personas participantes denunciaron que la Xunta continúa sin ofrecer respuestas a las demandas de los distintos sectores y advirtieron de que seguirán impulsando iniciativas y movilizaciones para conquistar unas condiciones laborales y salariales dignas. En este sentido, reiteraron su defensa de la negociación colectiva en Galicia y reivindicaron que sean las trabajadoras y trabajadores gallegos quienes decidan sobre sus derechos y condiciones laborales.