CIG-Administración Autonómica convoca huelga en la Xunta de Galicia contra el “decretazo” de listas
La CIG-Administración Autonómica acaba de anunciar la convocatoria de un paro contra el “decretazo de listas” para el próximo día 23 de junio, entre las 11:00 y las 12:00 horas, en todos los centros públicos de Galicia. Hace además un llamamiento a participar en las concentraciones convocadas delante de los centros de trabajo, especialmente en los edificios administrativos de la Xunta de Galicia.
El llamado “decretazo de listas” fue publicado en el DOG del 19 de mayo modificando el anterior decreto 37/2006, de 2 de marzo, en el que se regulaba el nombramiento de personal interino para el desempeño con carácter transitorio de plazas reservadas a funcionarios y la contratación temporal del personal laboral de la Xunta de Galicia.
Según explicaron el responsable nacional de la CIG-Administración Autonómica, Lois Díaz, y la responsable de Negociación Colectiva, Rebeca Quintillán, esta modificación del decreto de listas “es un ataque frontal contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la Xunta y un paso más en la política de precarización sistemática del empleo público”.
Díaz recuerda que, tras más de veinte años esperando una actualización de la norma, el gobierno gallego “opta por recortar derechos, no adaptar el sistema a las necesidades actuales y decide, por el contrario, castigar aún más al colectivo más vulnerable de la Administración: el personal temporal”.
La medida más lesiva e injustificable es la eliminación de los llamamientos por mejora de empleo. Un derecho que permitía reconocer la experiencia, el esfuerzo y la antigüedad de quienes llevan años sosteniendo los servicios públicos con contratos precarios. Por ello entienden que la Xunta “condena ahora a miles de personas a quedar atrapadas en un círculo de sustituciones temporales, impidiéndoles acceder a vacantes a las que, por méritos y puntuación, deberían tener prioridad”.
El resultado es, para la CIG-Autonómica, “un auténtico despropósito”, porque personas con años de servicio, cientos de días trabajados y elevada puntuación pueden quedar excluidas de una vacante mientras esa plaza se adjudica a quien acaba de incorporarse a las listas.
Quintillán denunció además que el decretazo mantiene un régimen de penalizaciones “injusto y abusivo” que obliga a aceptar contratos de días o incluso de horas bajo la amenaza de permanecer seis meses excluido de las listas. “Un sistema basado en la coacción que trata a las trabajadoras y trabajadores como mano de obra desechable”, dijo.
Perspectiva de género
La responsable de negociación colectiva denunció, además, que la Xunta ignora por completo la perspectiva de género y la conciliación de la vida laboral y familiar. “Lo hace incumpliendo su propio Plan de Igualdad y dando la espalda a la realidad de miles de personas, especialmente mujeres, que soportan la mayor carga de los cuidados y trabajan también, en un gran porcentaje, en este sector de los cuidados. Mientras presume de igualdad en los discursos, elimina en la práctica cualquier avance real en esta materia”.
Para la CIG-Administración Autonómica, este decreto no busca mejorar la gestión de las listas. “Busca ahorrar costes a costa de los derechos laborales, dificultar la promoción profesional y perpetuar la precariedad”. Por ello entienden que es una decisión política consciente y calculada que supone un retroceso de décadas en las condiciones del personal temporal de la Xunta.
Con este “decretazo”, con el que consideran que se pierden prácticamente la totalidad de los derechos laborales, se añade además un uso indebido del mismo, ya que en la actualidad “este personal está recibiendo las adjudicaciones de puestos de madrugada para incorporarse horas después a los puestos de trabajo, reciben llamadas a cualquier hora del día para incorporarse de inmediato a los centros, siempre con la misma indicación: si no aceptas, serás penalizada durante 6 meses”.
Lo que demanda la CIG-Administración Autonómica es que se restablezcan los llamamientos por mejora de empleo y que se negocie un nuevo decreto, introduciendo la perspectiva de género de manera transversal; medidas de conciliación que permitan rechazar un contrato sin penalización si se tienen menores o personas en situación de dependencia a cargo y la protección de la salud laboral del personal sensible, especialmente de las trabajadoras en situación de embarazo o lactancia.