El Ayuntamiento de Tomiño acepta las demandas del personal del SAF
El Ayuntamiento de Tomiño se comprometió con las delegadas sindicales de la CIG en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) a incorporar las demandas de la plantilla a los nuevos pliegos de condiciones del concurso para licitar el servicio durante un año, con una prórroga de otro año por cuestiones de garantías jurídicas al tratarse de un servicio esencial que no puede suspenderse. El compromiso les fue trasladado el pasado viernes en la reunión celebrada el pasado viernes con la alcaldesa y con el concejal de Servicios Sociales en el marco de la campaña puesta en marcha por las personas trabajadoras del SAF reclamando mejoras laborales y un modelo de gestión distinto a la privatización.
La Administración local, que ya trabajaba en unos pliegos que corregían las deficiencias de los anteriores, tendrá en cuenta además todas las aportaciones sindicales, tanto en el pliego técnico como en el administrativo. De hecho, algunas cuestiones ya se están incorporando, como la duración del propio contrato, ya que la pretensión municipal era que fuese mayor.
También se pondrá en marcha una mesa de trabajo para buscar sistemas alternativos de gestión del servicio, comenzando por la celebración de unas jornadas de debate sobre los modelos de gestión de los SAF para analizar los retos y las alternativas existentes más allá de la privatización. La intención de la CIG es participar en este encuentro y poder proponer personas especialistas en la materia “para profundizar en la idea de que la privatización no es el camino, ya que fomenta la precarización y la explotación laboral y afecta negativamente a la calidad de los cuidados”. Al finalizar esta iniciativa el Ayuntamiento elaborará una valoración técnica de las conclusiones de la mesa de trabajo.
La CIG-Servicios valora muy positivamente los compromisos adquiridos por el Gobierno local, ya que atienden las principales reclamaciones de la plantilla, expresadas en la campaña informativa iniciada hace un mes con la difusión de sus demandas mediante la distribución de más de 7.500 folletos y más de 600 carteles. Además, las personas trabajadoras del SAF tomiñés desarrollaron una movilización en un acto del Partido Popular en la localidad para exigir a la Xunta que asuma sus competencias y aporte los recursos suficientes para garantizar la prestación de un servicio de calidad.
En este sentido, desde la central sindical recuerdan que la problemática de los SAF es consecuencia de una financiación insuficiente y de un modelo de gestión ineficiente que es responsabilidad de la Administración autonómica, por lo que muestran su total rechazo al ruego que el PP trasladará al pleno municipal instando al Ayuntamiento a abrir un proceso de negociación con la empresa para que atienda las reclamaciones laborales del personal y que estas sean incorporadas a los pliegos de condiciones del servicio. Al mismo tiempo insisten en reivindicar la necesidad de constituir un servicio gallego de cuidados, público y de calidad.
“Nos parece una iniciativa carroñera con la que únicamente se pretende utilizar a las personas trabajadoras del SAF de Tomiño con intereses partidistas, cuando lo que tienen que asumir es que se trata de un sistema de cuidados público competencia de la Xunta y que el modelo privatizador a través de los ayuntamientos está detrás de la situación que padecen unas personas trabajadoras que no son, como sostiene el PP, ‘asistentas del hogar’. Se trata de personal especialista, con formación y dotado de conocimientos técnicos para el cuidado de las personas dependientes, para prestarles la ayuda que precisan para tener calidad de vida y para acompañarlas en el final de su vida”.
En consecuencia, anuncian que un grupo de personas trabajadoras del SAF de Tomiño acudirán a la sesión plenaria “para recordarles a los concejales/as del PP que el SAF es un servicio público, que las competencias son de la Xunta y que rechazamos el acuerdo miserable pactado en la FEGAMP por el PSOE y el PP que fija el coste de la hora de servicio en 16 euros para este año, 17 para el que viene y 18 para 2028, unas cantidades que promueven la precarización laboral, ya que el coste mínimo real se sitúa en los 27 euros por hora”.