El Bloque Nacionalista Galego exige la gestión pública para la residencia de Eirís ante las quejas por desatención

La diputada Mercedes Queixas traslada al Parlamento una batería de iniciativas para auditar el centro de A Coruña tras las denuncias de familiares por falta de personal
A CORUÑA residencia publica eirís
13 Jul 2026

La situación del centro residencial de mayores de Eirís, emplazado en A Coruña, llega al Parlamento de Galicia. La diputada nacionalista Mercedes Queixas ha registrado una proposición no de ley acompañando a una serie de preguntas orales y escritas con el objetivo de que la Consellaría de Política Social esclarezca las múltiples deficiencias organizativas denunciadas en las últimas semanas por los usuarios y sus familiares.

Para la formación nacionalista, el deficiente funcionamiento de estas instalaciones (que fueron construidas por la Fundación Amancio Ortega) responde de forma directa a dos decisiones estratégicas del Gobierno gallego. En primer lugar, Queixas critica la decisión de renunciar a la gestión pública directa del complejo tras recibir la obra terminada, optando por traspasar la explotación del servicio a una firma privada. En segundo término, la diputada acusa a la Xunta de mantener una postura pasiva y de desentenderse del control diario y la supervisión de la empresa concesionaria.

Según recogen las iniciativas del grupo político, transcurridos apenas tres meses desde la inauguración del complejo, las familias han manifestado la existencia de problemas graves que afectan al bienestar de los residentes. Entre los fallos trasladados destacan errores reiterados en el aseo personal de los mayores, demoras en la realización de curas médicas e incidencias en la administración de medicamentos. A juicio de la concejala y parlamentaria, estas negligencias son la consecuencia directa de una mala planificación estructural y de una evidente carencia de personal suficiente para atender las demandas del centro coruñés.

A través de la proposición no de ley, el grupo insta a la administración autonómica a aportar a la Cámara todas las actas e informes elaborados por los servicios de inspección desde el momento de la apertura. Del mismo modo, se reclama de forma oficial que la Xunta rescinda el contrato actual y recupere la gestión directa del espacio para garantizar unos estándares de calidad que distan mucho del modelo de envejecimiento activo que anunciara la conselleira Fabiola García.

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